Una información proveniente de Santiago de Chile y difundida por la agencia AFP, señala que Chile busca liquidar la herencia política del dictador Augusto Pinochet, el presidente de facto que murió sin ser condenado y que grandes sectores de la sociedad chilena inquieren sobre las causas de esto último. Es decir, por qué este hombre tan violento y sanguinario no recibió una condena.
El cable informativo dice que de la casa donde el exdictador Pinochet vivió sus últimos días, no queda absolutamente nada. La viuda vendió el caserón y allí se construyen viviendas. El dictador no tiene una tumba, porque quedan cenizas guardadas por sus familiares. Los partidarios no tienen dónde rendirle sus recuerdos. Tampoco tiene herederos políticos. Ningún partido reivindica hoy su obra y el Ejército poco a poco ha logrado establecer distancia de su figura.
Sin embargo, en la vida política de este dictador, existe una singularidad que seguramente proviene de la legislación y es que después de entregar el poder al demócrata cristiano Patricio Aylwin, Pinochet permaneció al frente del Ejército por otros ocho años y luego ejerció hasta 2002 como senador vitalicio. Lo abandonó porque alegó demencia senil, el motivo que expuso también cuando la justicia comenzó a investigarle.
Son los momentos de esa historia tenebrosa que vivió el vecino país, que dará su veredicto final, aunque son los pueblos los que se han pronunciado, optando por la democracia y un sistema donde a partir de esos años tan terribles de las dictaduras militares, nunca más se reproduzcan los golpes de estado militares. La democracia hoy subsiste en todo el continente y las expresiones del voto popular son las que han definido la senda política a seguir, de ahora en más, como un estilo de vida ciudadano.
En nuestro país de las dictaduras queda, quizá como un ejemplo ante todo el mundo, un ejemplo democrático que castiga también la impunidad. Uno de los dictadores más emblemáticos de aquellos años, Luis García Meza, está en prisión, igual que su lugarteniente el exministro del Interior, Luis Arce Gómez. Cada año el 17 de julio día de ese golpe militar, se recuerda como un momento nefasto en la historia política de Bolivia, por ser uno de los gobiernos que más conculcaron las libertades políticas y ciudadanas y que mantuvo nexos con el narcotráfico.
En Bolivia la liquidación de la herencia política de los dictadores, está en el proceso judicial que se inició contra este dictador y que culminó en una sentencia condenatoria. Esta es la simbología mayor, ante el mundo, sobre un castigo a los que conculcaron las libertades ciudadanas. Pero al mismo tiempo, una decisión que adoptó el pueblo boliviano para recuperar la democracia, como un sistema político, y llevarlo adelante durante tantos años, hasta hoy. Es también la decisión de las Fuerzas Armadas de comprender el gobierno democrático como expresión del pueblo y dejar atrás los años de las intervenciones militares, es decir, también el entender que el mejor modo de precautelar a esta institución, está en la sumisión a los mandatos de la Constitución Política del Estado.
En el caso de Bolivia, como posiblemente de otros países, han sido las luchas del pueblo, las que han reconquistado la democracia y son también parte de esas luchas las que han ido mejorando paulatinamente el sistema democrático, con la inclusión de grandes sectores de la población marginada a la vida política, social y económica del país, hasta llegar ahora a una nueva historia democrática.
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