Álvaro Lasso Lokee |
El dictador tiene todo controlado, nada ocurre sin su autorización. Así el poder se concentra en una persona y cualquier antojo o capricho que tenga debe ser cumplido. Los subalternos le consultan y siguen sus instrucciones, tal como lo pide el “jefe”, quien es la máxima autoridad, cuando un gobierno se maneja, bajo una dictadura. En ese caso, las leyes solo son adornos y se confeccionan al gusto del cabecilla que lidera el régimen. Mientras, los opositores al sistema sufren vejámenes y maltratos porque no pueden ir en contra de sus deseos. Cualquier parecido a lo que hemos vivido es mera coincidencia.
Muchos países todavía viven bajo ese tipo de régimen. Los políticos dictatoriales son tanto de izquierda como de derecha, y son negativos y repudiados. Actúan a la fuerza y, a veces, bajo el engaño y la manipulación de los electores, que caen en la trampa fabricada con la ayuda de la publicidad y la flaqueza de sus necesidades.
Los dictadores no son los únicos que se benefician de las mieles del poder, también se favorecen aquellos gobernantes que administran con democracia, pero utilizan la corrupción como el arma para el enriquecimiento tanto “lícito” como ilícito. Basta contar con funcionarios leales y astutos que sean parte del juego para las triquiñuelas y llenar sus cuentas bancarias. A pesar de que el sistema tiene mecanismos que deben actuar de contrapeso, convierten a los encargados en “socios honorables” de las jugadas, con buenos beneficios.
Este juego es un arma de doble filo que los gobernantes de diferentes países usan para su beneficio y ambición personal. Congelan o tergiversan los controles y la transparencia para cumplir sus objetivos y, de forma mágica, desaparecen las evidencias que los puedan inculpar.
El poder atrae a muchas personas que ocupan desde cargos sencillos hasta del más alto nivel. Hay puestos administrativos que se obtienen en base a méritos y concursos, pero otros de mayor relevancia, así como los de elección popular, se eximen de tales pruebas. Algunas veces, basta ser postulado por un partido político y contar con algunos millones, y otras, tener la simpatía de un sector político y económico. No siempre es suficiente contar con méritos para ocupar puestos administrativos o cargos políticos. Las influencias pueden ayudar a conseguir posiciones importantes. Y aunque al que las ocupe le queden grandes, no pasa nada, pues el sistema lo cubre y protege. En Panamá se supone que se cambiará la Constitución y lo ideal sería que los cambios sean para limitar los poderes, la extralimitación y controlar los actos de corrupción. Además, sería muy importante transformar la justicia, que apadrina la corrupción y se burla de las leyes para dejar libres a los tramposos.
Todavía no tenemos ese mejor país, en el que se respira un sistema democrático y la justicia se aplica, por igual, a todos los que infringen las leyes, sin importar su clase social, sus cuentas bancarias o su nivel de educación.
Aquí se utilizan las influencias para nombrar a familiares, dejar libres a los transgresores de las leyes, culpar a los inocentes, hacer negociados millonarios, tomarse las propiedades ajenas, chantajear, obtener privilegios, amenazar y perseguir, entre otros exabruptos. El poder no se concibe para esos menesteres, sino para actuar en bienestar de las mayorías.
Por décadas y durante distintos períodos presidenciales, en Panamá se hizo mal uso del poder, dando lugar a la corrupción institucionalizada. Ahora nos toca cambiar ese patrón, para librar a las nuevas generaciones de este flagelo que le resta calidad a la educación, a las viviendas y a la salud, entre otras obligaciones del Estado. Es lamentable que algunos funcionarios desperdiciaran la oportunidad de trabajar en beneficio de las mayorías y de quedar en la historia como grandes líderes.
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