Italia celebrará desde el próximo jueves el juicio en primera instancia del conocido como Proceso Cóndor por el asesinato y desaparición de una veintena de italianos durante las dictaduras latinoamericanas en las décadas de 1970 y 1980, aunque es improbable la presencia de los encausados en la sala.
El fiscal, Giancarlo Capaldo, lleva más de una década investigando la desaparición y muerte de estas personas de orígenes y nacionalidad italiana y ante el tribunal están imputadas 32 personas.
Son once antiguos miembros de la Junta Militar de Chile, uno de la de Bolivia, cuatro de la de Perú y dieciséis de la de Uruguay.
Los uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vasquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Alvarez y Ernesto Soca.
También Juan Carlos Blanco; el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez; el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Troccoli.
El único boliviano es el exministro de Interior Luis Gómez Arce mientras que el expresidente Luis García Meza sigue imputado aunque no ha sido enviado a juicio dado que el tribunal romano no ha recibido respuesta por su parte a sus notificaciones.
Los chilenos son Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, jefe de la DINA (aparato represor de Pinochet); Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; y el militar Sergio Víctor Arellano Stark.
Además los también chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo (brigadier); el expolicía Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez; el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Todos ellos, de avanzada edad, han sido llamados a declarar por la Justicia que les ha ofrecido la posibilidad de hacerlo por videoconferencia.
No obstante, han declinado esta opción y han manifestado su intención de no declarar, por lo que la Justicia italiana les ha asignado un abogado de oficio.
Troccoli es el único que reside en Italia y que contará con un abogado de confianza, aunque aún no ha manifestado si acudirá o no a esta primera audiencia.
La audiencia tendrá lugar en el aula búnker de la prisión romana de Rebibbia a las 9.00 locales (8.00 GMT) y estará presidida por la jueza Evelina Canale y por su colega Paolo Colella.
El juicio sigue a la fase preliminar iniciada en octubre del 2013 y compuesta por diversos procesos paralelos pero separados que ahora confluyen en este proceso.
La investigación comenzó en 1999, cuando algunos familiares de las víctimas presentaron sus denuncias en la oficina del procurador Capaldo.
Una de las primeras fue la de Aurora Meloni, de Uruguay, que durante una conversación con Efe recordó la historia de su marido, Daniel Alvaro Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974 por su apoyo al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros uruguayo.
Aurora, Daniel y sus dos hijas abandonaron Montevideo en 1962 y se trasladaron a una Argentina que "vivía un momento de gran euforia democrática" donde, según explicó, trabajaron en paz y criaron a sus dos hijas.
Experimentaron unos años de tranquilidad en la capital bonaerense hasta que en septiembre de 1973 se produjo el alzamiento militar en Chile, que les preocupó enormemente "por su brutalidad y por lo que significaba el Gobierno de Allende en América Latina".
Daniel fue secuestrado en su domicilio de la capital bonaerense por su apoyo al grupo de inspiración marxista-leninista de los Tupamaros y posteriormente fue asesinado.
Desde entonces, Aurora no ha cejado en su empeño de hacer prevaler la Justicia y en 1999 participó en Montevideo en un encuentro de familiares de víctimas de orígenes italianos que presentaron sus denuncias al fiscal italiano Capaldo.
"Para muchos de nosotros es la primera vez en 40 años que (se juzga) el caso de nuestros familiares desaparecidos y se pueda pensar que se llega a un justicia, a un procedimiento justo", declaró.
La abogada Alicia Mejía representa a los hijos del desaparecido chileno Jaime Patricio Donato Avendaño, miembro de la Junta Central del Partido Comunista del país andino.
Avendaño fue secuestrado en mayo de 1976 junto al resto de la directiva de la formación, incluido el secretario general, Víctor Díaz, en la conocida como operación de la Calle Conferencia.
"Es un modo -explicó a Efe- de dar una respuesta a las familias que en estos años han luchado por encontrar una explicación y una Justicia. Es el respeto del derecho, ver que la Justicia no es un concepto abstracto sino que podemos empezar a agarrarla entre las manos".
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martes, 10 de febrero de 2015
Italia hace memoria y juzga a presuntos responsables de la Operación Cóndor
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