l
Los psiquiatras hemos fiscalizado cómo los Trastornos Psiquiátricos se han triplicado en los jóvenes, ocupando la segunda y la tercera causa de internamiento.
Sin embargo, tenemos un incremento de la violencia social y de la delincuencia asociada al consumo y tráfico de drogas que también afecta a los jóvenes; siendo los más afectados los pobres, los marginados, los excluidos, y los que pertenecen a la generación “Ni Ni” que ni estudian, ni trabajan, y se encuentran deambulando por las calles, siendo conquistados o ocupados por el mercado de las drogas. Todo esto no es ajeno a los hacedores de políticas públicas en materia de drogas. Pero, aún así, seguimos bajo los lineamientos de una ley atrasada, represora, culpabilizadora, estigmatizante, como la Ley 50-88, que ejerce una función represiva; Esa Ley 50-88 establece que cualquier joven que consuma pequeñas porciones de droga o sea un dependiente o adicto a las drogas, no es visto como un enfermo y, mucho, menos tratado como enfermedad. Para esa Ley 50-88 son violadores y traficantes que deben ir a la cárcel y al sistema represivo. De ahí que cientos de muchachos se encuentren confinados en una cárcel, sin ningún programa de desintoxicación y rehabilitación psicosocial. Más bien, esos jóvenes dependientes o consumidores son apartados de sus familias, su escuela, los amigos, y de su pareja. El problema está en que existe un aumento importante de drogas y de delitos asociados al consumo, y nada de revisar la Ley, y sin ofrecerles las alternativas a los jóvenes. La trampa descansa en que la Ley y los organismos que deben crear, fiscalizar y gestionar los programas de prevención, rehabilitación y psico-educación, no tienen visión ni misión multidisciplinaria ni inter-institucional; cada quien responde a lo que cree, confronta o impide crear los programas y, mucho menos, aplicarlos y fiscalizarlos. En lo que todo se discute, se hacen talleres, simposios, etc. Cientos de jóvenes mueren, deambulan en las calles, están presos, tienen trastornos mentales, se suicidan, y arruinan la vida de ellos y de sus familias.
La adicción o dependencia a drogas es una enfermedad del cerebro que tiene implicaciones psico-emocionales, sociales, familiares y existenciales. Continuar en la Ley 50-88 es un atraso y una vergüenza en cualquier país del Siglo XXI. Los que se hace, y se está invirtiendo es muy poco, y no se corresponde con el aumento y la repercusión psicosocial del problema de la adicción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario