Esta sociedad está necesitando hace tiempo de una catarsis por los tantos crímenes que a lo largo de su historia han quedado impunes, lo que deja viva una cultura del exterminio de todo lo que represente o parezca representar un peligro para las fuerzas conservadoras que han dominado la República desde su fundación, con o sin legitimidad legal o constitucional.
Por esa razón merece consideración y apoyo la iniciativa de Minou y Manolo Tavárez Mirabal, y de ocho reconocidas fundaciones patrióticas que se han querellado ante el Procurador General de la República demandando investigar y sancionar el asesinato de que fueron objeto Manuel Aurelio Tavárez Justo y otros 12 dirigentes del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio hace cincuenta años, por rebelarse contra los impostores que derrocaron el gobierno Constitucional del profesor Juan Bosch.
Desde que ocurrió el infausto hecho, el 21 de diciembre de 1963, es de público conocimiento que el doctor Tavárez Justo y sus compañeros fueron asesinados después de haberse entregado a sus persecutores militares. El fusilamiento colectivo tuvo el agravante de que fue el trato dado a una avanzada de cuatro combatientes con banderas blancas enviados para avisar la disposición de concluir la rebelión, acogiéndose a un llamado público formulado por uno de los integrantes del Triunvirato que gobernaba.
De los delanteros tres murieron asesinados y un cuarto, Emilio Cordero Michel, logró sobrevivir y desde entonces ha clamado justicia, testimoniando el crimen de guerra de que fueron víctimas. La conmoción que produjo el fusilamiento sumario fue tan fuerte que provocó la renuncia del licenciado Emilio de los Santos a la presidencia del gobierno usurpador. Desde entonces sobran los testimonios publicados sobre este crimen de lesa humanidad, ejecutado con premeditación, engaño y extrema crueldad, en especial en el caso de Manolo Tavárez por tratarse del líder del movimiento político, ya que a los que se entregaron en otros focos guerrilleros les respetaron la vida, como ya entonces estaba prescrito en códigos internacionales y nacionales.
La instancia de los hijos de Manolo Tavárez Justo y la heroína nacional Minerva Mirabal, y de las ocho fundaciones que honran la memoria de luchadores libertarios, no está inspirada en el odio ni la retaliación, sino en la necesidad de que esta sociedad haga una catarsis de una práctica que en junio de 1959 constituyó un sádico festival de torturas y asesinatos contra más de un centenar de los expedicionarios que vinieron a combatir la tiranía de Trujillo, y sólo a cinco se les respetó la vida.
Genocidio también fue lo que ocurrió en noviembre de 1961 contra una decena de sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo, seis meses después de haber sido prisioneros y tras horribles torturas. El asesinato en 1973 del héroe nacional Francisco Camaño Deñó, a manos de miembros de su misma generación de militares es otro capítulo de esa ignominia repetida.
La instancia persigue un “resarcimiento moral, una condena y reprimenda de la justicia que envíe un mensaje a la sociedad y que inicie un destierro definitivo de la impunidad”. Está fundada en los códigos internacionales que postulan que esos crímenes no prescriben. Debe ser respondida con responsabilidad por el Ministerio Público y tener el respaldo de los amantes de la justicia, como ha ocurrido en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, donde décadas después se ha condenado a responsables de crímenes de lesa humanidad.
La necesidad de la catarsis es más urgente por el argumento con que el vocero de un grupo de ex-generales que se solidarizaron con su compañero Ramiro Matos, señalado como presunto responsable de ese genocidio, de que ellos estaban defendiendo el gobierno. Un gobierno ilegítimo, pero si no lo hubiese sido, el crimen no es defensa. Que así se responda cinco décadas después, es indicativo de que persiste una cultura del exterminio en estamentos militares y policiales. Lo menos que se podía esperar es que sintieran vergüenza y pidieran perdón.
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