Beatriz Díaz
Madrid, 15 jun (EFE).- La suspensión por el Tribunal Supremo español de la exhumación del dictador Francisco Franco, enterrado en un monumento nacional, fue el último revés en la carrera de obstáculos que afrontan los defensores de la memoria histórica de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975).
"No se puede pagar la tumba de un dictador con dinero público", afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España (ARMH), en una entrevista con Efe.
El dictador, fallecido en 1975, fue inhumado con todos los honores en la basílica del Valle de los Caídos, un monumento que ordenó construir en 1940 en las proximidades de Madrid y donde están enterrados más de 33.000 combatientes de ambos bandos de la guerra (republicanos y sublevados, conocidos como "nacionales").
Beatriz Díaz
Madrid, 15 jun (EFE).- La suspensión por el Tribunal Supremo español de la exhumación del dictador Francisco Franco, enterrado en un monumento nacional, fue el último revés en la carrera de obstáculos que afrontan los defensores de la memoria histórica de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975).
"No se puede pagar la tumba de un dictador con dinero público", afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España (ARMH), en una entrevista con Efe.
El dictador, fallecido en 1975, fue inhumado con todos los honores en la basílica del Valle de los Caídos, un monumento que ordenó construir en 1940 en las proximidades de Madrid y donde están enterrados más de 33.000 combatientes de ambos bandos de la guerra (republicanos y sublevados, conocidos como "nacionales").
La asociación que preside Silva, creada en el año 2000 y dedicada a localizar a las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura, denuncia el uso que se hace de esta enorme construcción, que pretendía "ser más grande que el Vaticano".
"Esto no ocurre en Portugal con Salazar, no ocurre en Italia con Mussolini, no ocurre con Trujillo en la República Dominicana, ni con Pinochet en Chile", defiende el activista.
También la ONU instó a reconsiderar el inmenso monumento, recuerda Silva, tras la visita del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, que propuso convertirlo en un museo en su visita de 2014.
Y eso prometió el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, cuando hace un año llegó al poder: sacar los restos del dictador para convertir el Valle de los Caídos en un centro de memoria y reconciliación.
Sus planes se vieron frustrados cuando el Tribunal Supremo decidió a comienzos de este mes paralizar la exhumación prevista para el 10 de junio, atendiendo al recurso presentado por la familia del dictador.
Para el responsable de la ARMH, el problema es que en España "se creó una especie de discurso oficial, que decía que la sociedad ya estaba reconciliada y tenía que mirar hacia delante".
Ese "olvido de todos para todos", que defendió la Ley de Amnistía española de 1977, acabó funcionando solo para unos cuantos porque a partir de la exhumación de su abuelo Emilio Silva Faba en el años 2000, la primera que se realizó en España, “empezó todo un movimiento de búsquedas de desaparecidos”.
Cuando Emilio Silva fue hasta el Bierzo, comarca de León (norte) donde vivió su abuelo, con la idea de ambientar una novela que estaba escribiendo, no imaginó que 20 años después lideraría una asociación que ha llegado hasta Japón y Australia, desde donde llegan peticiones para participar en ella.
Silva consiguió recuperar los restos de su abuelo, fusilado en 1936 y enterrado en una fosa común sin ningún tipo de identificación, y esa acción dio lugar a la asociación.
Con ella levantó una pesada losa que había caído sobre la historia española y que ha llevado a la exhumación de 9.000 personas más, que fueron enterradas sin identificar.
La lista no para de crecer, pero Silva se queja de la falta de apoyo de los gobiernos, que dificulta la recuperación de las 120.000 personas que aún hay desaparecidas en España, según estimaciones del Ministerio de Justicia de este país.
Además de encontrar restos de asesinados, también surgieron “los torturados, las madres a las que les habían robado los niños en las cárceles, la gente que no era afín al régimen en los años 50 y que no fue vacunada de poliomielitis", explica.
"Yo no pensaba meterme en este lío, yo quería identificar a mi abuelo, enterrarlo con mi abuela y volver a mi vida", cuenta Silva, quien no era consciente de "la dimensión que tenía el problema".
Llamadas con número oculto, cartas anónimas, protagonistas y testigos directos del horror... la información que ayudó a devolver a miles de familias los cuerpos de sus allegados llegó "de la forma menos verosímil", afirma.
Emilio Silva defiende que, con la exhumación de su abuelo hace 20 años, algo cambió en una parte de la sociedad española, que empezó a mirar al pasado de manera distinta y eso "convirtió algunos lugares en sitios incómodos".
El Valle de los Caídos es uno de ellos y aunque su futuro es incierto, Silva está convencido de que “al final Franco va a salir de allí”. EFE
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