(EFE).- La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a prisión a nueve antiguos agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Augusto Pinochet, por el secuestro calificado (desaparición) de un opositor a la dictadura en 1974.
La víctima, Héctor Zúñiga Tapia, un estudiante de Química y Farmacia y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de 27 años al ser detenido, fue incluido al año siguiente en el montaje conocido como "Operación Colombo", maquinado por la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos.
El montaje, que contó con la colaboración de las dictaduras militares de Argentina y Brasil, tenía por objeto hacer creer a la opinión pública que los 119 habían muerto en purgas internas del MIR, agrupación que combatió con las armas contra Pinochet.
La prensa chilena, controlada por la dictadura, acogió la versión del montaje con titulares como Exterminados como ratones.
Héctor Zúñiga fue detenido el 16 de septiembre de 1974 y prisioneros supervivientes declararon haberlo visto con vida durante varias semanas en centros de tortura de la dictadura antes de que su rastro se perdiera hasta hoy.
En un fallo dividido, la III Sala del tribunal de alzada (apelación) santiaguino condenó, como autores del crimen, a diez años de prisión al general César Manríquez Bravo y a los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como desaparecidos
Los tres se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo penas que suman más de 500 años tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
La Corte condenó además a cinco años y un día de prisión a los agentes Orlando Manzo Durán, Alejandro Astudillo Adonis, Demóstenes Cárdenas Saavedra, Manuel Avendaño González, Nelson Paz Bustamante y José Aravena Ruiz, y absolvió a una veintena de otros procesados al no haberse acreditado su implicación en el delito.
También fueron absueltos, por fallecimiento, el general Manuel Contreras Sepúlveda, que fue el máximo jefe de la DINA, y el coronel Marcelo Moren Brito.
En la parte civil, el tribunal condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 470 millones de pesos (unos 850.000 dólares) a la familia de la víctima.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
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