Leí con interés dos artículos escritos por el fino intelectual y dilecto amigo Tony Raful, acerca del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y Maria Teresa Mirabal, hecho que produjo también la muerte del señor Rufino de la Cruz, quien conducía el jeep en que viajaban desde Puerto Plata las tres valientes damas, después de haber visitado en la cárcel a los patriotas Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) y al ingeniero Leandro Guzmán, esposos de Minerva y Maria Teresa, respectivamente.
El escrito de Raful fue para condenar la versión puesta a circular por los residuos trujillistas, en el sentido de que los dos héroes del 30 de mayo del 1961, general Antonio Imbert Barrera y don Luis Amiama Tió, le propusieron al general René Román Fernández (Pupo), que matara a las hermanas Mirabal. Esta versión es absurda, malvada y llena de mala fe para dañar el honor y la honra de los dos valientes ciudadanos, con quienes me unió una sincera amistad.
Yo fui el primer periodista, con apenas 17 años de edad, que transmitió la noticia de la muerte de las hermanas Mirabal, al entonces periódico La Nación, el día 25 de noviembre, diario que circulaba en Santo Domingo en horas de la tarde, y del que yo era su corresponsal en Santiago de los Caballeros, mi ciudad natal.
En la mañana del 25 llegué al Departamento Norte de la Policía Nacional en Santiago, ubicado en la calle El Sol, antigua Presidente Trujillo, en busca de noticias del día. Grande fue mi sorpresa cuando entré al despacho del coronel Comandante de la Policía Nacional y quien me recibió sentado encima del escritorio fue el capitán del Ejército Víctor Alicino Peña Rivera, a quien yo nunca le caía bien.
Al verme, con una sonrisa cínica que siempre tenía en su rostro me dijo: periodista, aquí lo único que hay es un accidente de un jeep que se descarriló por un precipicio en Puerto Plata, mientras me entregaba un telegrama enviado por el destacamento del Ejército ubicado en La Cumbre, lugar situado entre Puerto Plata y Santiago, en el cual se informaba del supuesto accidente del jeep, donde murieron las tres hermanas Mirabal y el chofer Rufi no de la Cruz.
Peña Rivera era el jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), la tenebrosa entidad represiva de Trujillo.
Cuando me entregó el telegrama aún vestía de color amarillo, botas llenas de lodo y un sombrero grande de alas anchas, el mismo que tenía cuando dirigió la terrible operación. Fue al hombre del sombrero de alas anchas que algunos lugareños vieron hablando con unos hombres y ese hombre fue Peña Rivera.
Cuando salió la noticia fi rmada por mí en la primera página de La Nación en Santiago nadie lo creyó porque se trataba de las hermanas Mirabal. Yo fui de los primeros que no lo creí. Hacía 11 meses que había salido expulsado del Instituto Politécnico Loyola por órdenes de Johnny Abbes García, junto a otros estudiantes, por “indeseables”.
Se nos acusó de hacer críticas a Trujillo y de poner letreros en los baños que decían “abajo chapita”.
Peña Rivera lo sabía y por eso me veía con indiferencia.
El jeep en que viajaban las tres hermanas fue interceptado en el puente Marapicá, próximo a La Cumbre, y los sicarios obligaron a las damas y al chofer a bajarse del vehículo, llevándolos a unos matorrales donde dieron muerte a las cuatro personas a palos y a cuchilladas, según relataron algunos de ellos cuando fueron interrogados en el año 1962 por el juez de instrucción Ambiorix Díaz Estrella, quien había ido al lugar de los hechos en la mañana del 25 de noviembre.
Ambiorix fue un excelente caballero y llegó a ser diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En 1962, Peña Rivera fue acusado formalmente y condenado a 20 años de trabajos públicos, mientras que los señores Manuel Alfonzo Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta y Ramón Emilio Lora recibieron 30 años de trabajos públicos acusados de autores materiales. Igualmente fueron condenados a 20 años junto a Peña Rivera, Ciriaco de la Rosa, Cándido Torres Tejada y Néstor Pérez Terrero. Los otros acusados fueron condenados por asociación de malhechores a 5 y 3 años de trabajos públicos, como lo establecía en ese momento el Código Penal. Ellos fueron Sindito Almonte, Silverio Antonio Gómez, Viterbo Álvarez (Pechito), Pedro Peña Ortiz y David Olivero Segura.
Pechito Álvarez, según tengo entendido, fue asesinado hace varios años en San Cristóbal. Lo vi en varias ocasiones por los pasillos del Palacio Nacional, durante los doce años del doctor Balaguer, quien cuando se enteró de su presencia, ordenó que lo sacaran de la casa de gobierno. Sin embargo Olivero Segura llegó a ocupar una curul en la Cámara de Diputados.
Creo que falleció.
Todos estos acusados lograron salir de la cárcel de la antigua Fortaleza Ozama, cuando tropas constitucionalistas atacaron el recinto militar. Huyeron junto a Peña Rivera y nunca se ha revelado quiénes los protegieron para salir en libertad.
Peña Rivera se fue a vivir a Miami donde murió hace varios años de Alzheimer.
He sabido que muchos de ellos fueron a Estados Unidos.
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