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PARAQUENOSEREPITALAHISTORIA .Para los interesados en el tema y los olvidadizos de sus hechos, aquí están para consultar múltiples artículos escritos por diversas personalidades internacionales y del país. El monopólico poder de este tirano con la supresión de las libertades fundamentales, su terrorismo de Estado basado en muertes ,desapariciones, torturas y la restricción del derecho a disentir de las personas , son razones suficientes y valederas PARA QUE NO SE REPITA SU HISTORIA . HISTORY CAN NOT BE REPEATED VERSION EN INGLES

jueves, 30 de julio de 2015

Raúl Castro censura obra de teatro que parodia a dictadores

 
El Consejo Nacional de las Artes Escénicas del país caribeño aseguró que las puestas en escena deben ser más adecuadas a las políticas del país; “No es tiempo de quedarse callados”, dice el director Juan Carlos Cremata
 
El gobierno de Cuba suspendió una obra de teatro que parodia a los reyes, dictadores y gobernantes que quieren perpetuarse en el poder.
Se trata de El rey se muere, un texto dramático del escritor rumano Eugène Ionesco, montada por la compañía El Ingenio, a cargo del director Juan Carlos Cremata.
Sin embargo, sólo permaneció en cartelera dos funciones, luego de una orden del Consejo Nacional de las Artes Escénicas del país caribeño.
La dependencia afirmó: “en su lugar, la sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht propondrá otras opciones en su programación”.
Al respecto, el responsable del montaje afirmó que mantendrán su trabajo y buscarán otras plataformas para defender el derecho a la libre expresión.
“Ni la prohibición ni la censura van a callarnos. No es tiempo de quedarse callados, no vamos a quedarnos callados, y vamos a seguir haciendo y diciendo desde donde sabemos, desde lo que sabemos, desde nuestro arte, desde el teatro, desde el cine, aunque sea en otras condiciones. Ya veremos”, dijo Cremata.
No obstante, a través de una nota difundida en el portal oficialista Cubarte, la dependencia insistió que el fin del arte debe estar más equilibrada con la política del país.
“(Apelamos) a las estrategias de desarrollo del arte escénico cubano, al diálogo permanente entre la institución y la práctica artística cotidiana, en pos de lograr estadios más propositivos entre las obsesiones poéticas de nuestros creadores y la política cultural de la Nación”.
La obra cuestionada trata de un rey que gobierna una comunidad en total decadencia, donde el ganado ha muerto, y sólo es posible conseguir leche en polvo, además, la población está enferma.
Entonces, el mandatario se entera que le queda una hora de vida, y que morirá al concluir la puesta en escena.
En Cuba existen 14 mil creadores registrados en el Fondo Cubano de Bienes Culturales, entre los cuales destacan casos de censura, represión y arrestos.
Tal es el caso de Tania Bruguera, artista visual de La Habana, quien en diciembre pasado (luego del anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos) convocó a un performance en la Plaza de la Revolución sin contar con los permisos necesarios para esas actividades culturales.
La acción, titulada “El Susurro de Tatlin #6”, consistía en que durante un minuto, cualquier cubano que asistiera al evento, podría exigir sus derechos y contar sus sueños y problemas cotidianos a micrófono abierto.
A pesar de no haber obtenido los permisos de entidades oficiales ni respuesta positiva a la solicitud formal de protección y garantía de orden que presentó ayer ante la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la artista confirmó la realización del evento.
La performancera fue arrestada, y sentenciada a no poder salir de la Isla en un plazo de tres meses.
Para poder realizar la pieza, el Consejo Nacional de Artes Plásticas del país planteó tres requisitos: hacer la obra en el Patio del Museo Nacional, no permitir la entrada de “ningún disidente o mercenario”, según palabras empleadas por los funcionarios del gobierno, y limitar la duración del proyecto a una hora y media.
En el mismo mes, un grupo de cineastas cubanos acusaron a las autoridades gubernamentales de censurar la película Regreso a Ítaca, del realizador francés Laurent Cantet, durante la celebración del XXXVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Ciudades latinoamericanas estudian cómo predecir el crimen


Un nuevo método permite anticipar qué tipos de delitos pueden ocurrir cerca de escuelas, hospitales o supermercados


Bogotá, Colombia. / I. S.

Desde los súper héroes de las historietas hasta sus versiones más modernas de Hollywood, la posibilidad de anticipar y prevenir un crimen ha sido una constante en la imaginación popular.
En Minority Report (Informe de la Minoría) Tom Cruise adivina y evita delitos que se van a producir en el futuro; en la serie de televisión Early Edition (El diario del destino), el protagonista recibía el periódico con los titulares del día siguiente, y se dedicaba a evitar las tragedias que éste publicaba.
Pero en una nueva prueba que la vida imita al arte, expertos de una universidad estadounidense han desarrollado un método que permite predecir dónde es más probable que ocurran determinado tipo de delitos, de acuerdo a los hitos urbanos que hay alrededor.
La metodología llamada Risk Terrain Modeling fue elaborada por investigadores de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, y permite analizar los elementos del entorno (por ejemplo, si hay bancos, escuelas, transporte público, supermercados), e identificar mediante mapeos si hay relación entre ciertas infraestructuras y la ocurrencia de determinados delitos.
Este innovador método ya ha llegado a Latinoamérica. En Bogotá se han hecho estudios preliminares con apoyo del Banco Mundial, para buscar una fórmula que permita a las autoridades crear espacios más seguros y prevenir crímenes. El Risk Terrain Modeling permite ver “correlaciones interesantes”, aunque después hay que interpretar los resultados, explica Andrés Villaveces especialista en seguridad del Banco Mundial.
Los creadores del método concuerdan en que éste solo es una parte de la solución. “Nosotros presentamos un diagnóstico, decimos cuáles son los síntomas, y dejamos que las autoridades locales se encarguen de la cura”, explica por su parte Alejandro Giménez-Santana, de la Universidad de Rutgers.

Gran desigualdad en las ciudades

Lo primero que se demostró en el caso de Bogotá es que el estatus socio-económico se refleja en la infraestructura y esto afecta la seguridad.
“Las ciudades latinoamericanas, y en general los países latinoamericanos, tienen índices de inequidad muy grandes”, dice Villaveces. “Las ciudades reflejan esta inequidad con la manera en la que están construidas. Hay segregación, una estratificación muy marcada en las ciudades”.
Colombia tiene la particularidad de que la clasificación del estatus socio-económico se hace en base en las características físicas del entorno, y no en base al ingreso de las personas. Villaveces afirma que dependiendo del tipo de crimen, hay correlaciones muy altas con el nivel socio-económico en la capital colombiana. Por ejemplo, existe una mayor probabilidad de que haya un robo a residencias en lugares más prósperos, y por otro lado hay mayor probabilidad de que ocurra un homicidio o lesiones personales en lugares con un bajo nivel socio-económico.
Pero la investigación fue más allá. “Ya sabemos que en las zonas más pobres hay mayor cantidad de homicidios, pero ¿por qué ocurren en estas zonas?, ¿Qué cosas, además de la pobreza, están generando esto?”, se pregunta Giménez-Santana.
Descubrieron, por ejemplo, que cerca de las clínicas en Bogotá hay mayor probabilidad de sufrir de lesiones personales. Si bien las razones de esto son inciertas, una hipótesis es que la gente cerca de las clínicas va a comprar medicamentos en las droguerías cercanas, y llevan dinero consigo, lo que atrae a los criminales.
Otra correlación que descubrieron fue que hay más probabilidad de sufrir de un hurto cerca de escuelas privadas en Bogotá. Y que en los barrios más pobres hay cinco veces más probabilidad de que ocurra un homicidio cerca de una estación de Transmilenio – el bus rápido de la capital colombiana.
Villaveces se apresura a aclarar que este dato “no implica que el sistema (Transmilenio) sea el problema, sino que en el entorno está pasando algo, y este es el tipo de información que las autoridades necesitan para diseñar actividades de prevención y control”.
En otras palabras, las infraestructuras físicas no son la causa de los delitos aunque sí modulan su ocurrencia y la información probabilística ayuda las autoridades locales a identificar qué está pasando, y tratar de mitigar los factores de riesgo.
En Glendale, Arizona, por ejemplo, con la misma metodología descubrieron que había más probabilidades de atracos cerca de las tiendas misceláneas. Tras una investigación policiaca descubrieron que en estas tiendas se compraban teléfonos usados sin averiguar su origen. Las autoridades creen que esa práctica incentivó el robo de celulares en las inmediaciones de esas tiendas.
Los resultados del estudio realizado en Bogotá se presentaron recientemente a las autoridades y organizaciones locales, para recoger su interpretación de los datos encontrados. También se dictó un taller para explicar cómo funciona la metodología, para que, más adelante, sean las propias autoridades locales quienes que usen este método para prevenir crímenes y mitigar los factores de riesgo.
Isabelle Schaefer es productora online del Banco Mundial

martes, 28 de julio de 2015

Abrirán museo héroes de Moca




Moca, Espaillat
El Ministerio de Cultura (MINC) inaugurará el próximo domingo 26, a las 11:00 de la mañana, la primera etapa del “Museo 26 de Julio”, en honor a los héroes que ajusticiaron al tirano Ulises Hilarión Heureaux Lebert (Lilís),  en 1899.
El acto estará encabezado por el ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, junto a las autoridades de la provincia Espaillat; el senador José Rafael Vargas; el alcalde de Moca, Remberto Cruz, y el gobernador Diloné Ovalles, entre otros. Al mismo tiempo, el MINC entregará el inmueble a la Dirección General de Museos, coincidiendo con el 116 aniversario de esa gesta en que murió Lilís. La nueva institución se integra a la red de museos que dirige Ana María Conde, quien pondrá en marcha los trabajos museográficos de inmediato. El histórico inmueble, de estilo victoriano, donde el 26 de julio de 1899 ajusticiaron al presidente Ulises Heureaux, fue donado al MINC por la familia Lara, en nombre de María Elena de Lara y Bartolo Antuña; a los fines de que el Ministerio de Cultura y sus organismos le den una adecuada preservación de la memoria histórica de Moca.
 La valiente acción del 26 de julio de 1899, que puso fin al régimen de Heureaux, fue ejecutada por Jacobito de Lara, que contaba solo con 16 años, junto a Ramón Cáceres, que posteriormente sería presidente de la República, para luego dar paso a  la Tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
 Se recuerda que Heureaux Lebert gobernó en el país de 1882 a 1884, conformando así su primer mandato presidencial, para volver al poder en 1887, para mantenerse hasta 1899, fecha en que fue ultimado por Ramón Cáceres y Jacobito de Lara.
 La casa es una réplica de la edificación original, utilizando tragaluces  que se encontraban en las puertas del exterior e interior, como parte de la museografía y exhibición.
 El inmueble cuenta con sala de audiovisuales, donde se  podrán disfrutar las historias ocurridas en ese espacio y sala de los héroes mocanos, dado que  esa tierra ha  sido la cuna de aguerridos hombres de valor que han dado lo mejor por la patria.
 El Museo 26 de Julio será dirigido por la licenciada María Amadis, y de acuerdo con  las reglamentaciones de la Red Nacional e Museos, estará  abierto al público  de martes a domingo, en horario de 9:00 de la mañana a cinco de la tarde.

Temían los militares argentinos al Principito

Una investigación muestra cómo la censura alcanzó límites increíbles durante la dictadura militar argentina, al prohibir títulos infantiles. Foto: Via ?@MuseosUnlp
Una investigación muestra cómo la censura alcanzó límites increíbles durante la dictadura militar argentina, al prohibir títulos infantiles. Foto: Via ?@MuseosUnlp

Pero existió un espacio inimaginable en el que hubo una vigilancia rígida: el de la literatura infantil.

Los militares se sentían en la obligación moral de preservar a la niñez de aquellos libros que -a su entender- ponían en cuestión valores sagrados como la familia, la religión o la patria.

Gran parte de ese control era ejercido a través de la escuela, tal como demuestran las instrucciones de la "Operación Claridad", ideadas para detectar y retirar bibliografía marxista e identificar a los docentes que aconsejaban libros considerados como subversivos.

"La literatura infanto-juvenil no es inocente. Los militares que firmaron los decretos de prohibición de circulación de esos textos los leyeron bien. Justamente porque sabían que los libros eran y son fabulosos vehículos de transmisión de ideologías, de pensamientos, valores y de libertad, es que los perseguían", comentó la periodista cultural Judith Gociol al periódico El Tiempo Argentino.

"No por descalificarlos sino porque, al contrario, los ponderaban en su justa medida. El microcosmos infantil era y es un terreno especialmente fértil", agregó.

Para conocer y reivindicar los libros prohibidos en esa época, se creó la muestra itinerante Libros que muerden, que se montó en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, Buenos Aires.

La exhibición es organizada por el Grupo La Grieta, formado por expertos en lenguaje e investigadores que en 2006 comenzaron a construir un archivo de todo el material censurado.

Además, se publicó un libro con dicha investigación a cargo de la escritora y docente de la Universidad Nacional de La Plata, Gabriela Pesclevi, quien fue la curadora de la muestra.

"En 2006, a 30 años del golpe, decidimos reunir una colección de libros censurados. O, de manera más específica, reunir una constelación de textos que buscaban relevar la historia política pero también, el modo en que autores, editores e ilustradores establecieron vínculos resistentes. Esa colección se llamóLibros que muerden y de ahí salió ese libro", contó Pesclevi al diario argentino.

"Esta es una historia de la dictadura, de la infancias, de las literaturas, hecha con materiales heterogéneos. Es decir, relatos de lo censurado pero también, la resistencia a lo censurado, desde el autor a las editoriales. Tras conocer el proyecto, la Biblioteca decidió publicarlo porque es una historia de los escritores, de los lectores, de las editoriales pero también, una historia del presente", añadió al medio local Sebastián Scolnik, coordinador del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional.

En la recopilación hay obras de autores internacionales como El Principito, de Saint-Exupéry; La niña que iluminó la noche, de Ray Bradbury, o Cuentos para chicos traviesos, del poeta francés Jacques Prevert.

En el caso de la obra de Saint-Exupéry, según explicó la escritora Ernestina Martínez Gravino a la BBC, lo prohibieron porque es una obra que relata las aventuras de un niño en busca de amigos, de la compañía de otras personas, lo cual iba en contra de los mecanismos específicos de control social utilizados por el Gobierno militar.

"Cuando El Principito se refiere a la libertad, lo hace a su favor y con un ejemplo en el que participa un dictador. Es decir, que cualquiera podría haber asociado al dictador turco con los dictadores argentinos", resaltó.

Pesclevi añadió al medio inglés que otra posible razón pudo haber sido que fue encontrado en muchas de las casas allanadas por los militares, debido a que fue un libro muy popular en los años 60 y principios de los 70, por lo que los militares pudieron haberlo asociado con los supuestos subversivos.

Respecto a la obra de Prévert, Cuentos para chicos traviesos, es una antología de cuentos en la que los animales padecen el atropello de los humanos.

Ellos denuncian el mundo de los cazadores, la petulancia y todas las formas de la ambición humana, incluyendo la esclavitud.

Al parecer, a los militares les incomodó que los animales evidencien la explotación que sufren por parte de los humanos y que se muestren como una fuerza contrapuesta a ese abuso.

Además, se llaman entre sí "camaradas", algo que aumentó su incomodidad.

Según Pesclevi, estos personajes desafían el orden y transgreden normas impuestas de la sociedad, lo cual era considerado subversivo.

También se censuró Érase una vez... el hombre, historieta de origen francés -basada en la serie de televisión animada del mismo nombre-, creada por Albert Barillé en 1978.

La serie explica la evolución humana y la historia del hombre desde un perfil científico, por ello incomodó a la Iglesia católica.

Los militares ordenaron a Argentina Televisora Color quitar la serie luego de que el Episcopado se quejara de que el programa había puesto en tela de juicio el concepto de la creación divina como origen del mundo.

Además de molestarles un capítulo en el que se denunciaba la contaminación ambiental.

En cuanto a la historieta gráfica, los militares hicieron colocar calcomanías de la agrupación española Los Parchís -muy popular en América Latina en esa época-, sobre una página de uno de los tomos que contenía una referencia a la Iglesia considerada ofensiva.

A parte de los autores conocidos internacionalmente, la investigación trata de reivindicar a autores argentinos como Alvaro Yunque, José Murillo, Javier Villafañe, Enrique Medina o Laura Devetach.

Pero también a ilustradores y editores que vieron mermado y marcado su trabajo.

"(Esto) es una reafirmación, una huella, una obstinación, una certeza de que es necesario insistir en que todo niño tiene derecho a comer y también tiene derecho a leer, a la fantasía irreverente, indispensable, imprescindible, inigualable, definitivamente, a una fantasía ilimitada" reza el texto introductorio en Libros que muerden escrito por la bibliotecaria e integrante del proyecto, Florencia Bossié.
Leer más: http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=601483&md5=c86db6d93c55f5178f7d1393199c93a4&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe#ixzz3h7VwCsTB 
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sábado, 25 de julio de 2015

Tres Ciclones de 1930: Economía Trujillo y San Zenón


Por Lipe Collado. 25 de julio de 2015 - 12:09 am -  
El Congreso Nacional le dio a Trujillo plenos poderes, suprimió garantías constitucionales y declaró per se un estado de emergencia
lcollado

Lipe Collado

Nació en San Carlos, Ciudad Trujillo, R.D. Estudió periodismo y derecho. En el pasado, profesor de la UASD, UCE y otras instituciones; periodista de Radio Mil, Radio Comercial y otras radiodifusoras, y de los diarios El Sol y La Noticia; columnista de El Sol, La Noticia y Hoy. Premio Nacional de Periodismo 2003. Autor de 35 libros, con 106 ediciones.
Cuando el “ciclón” Rafael Leónidas Trujillo Molina se juramentó como Presidente de la República el 16 de mayo de 1930 -duraría 31 años en el poder-, desde meses antes los dominicanos sufrían los embastes de un “ciclón económico” al que se unió el 3 de septiembre el ciclón de San Zenón, fenómeno meteorológico de grandes efectos económico políticos.
El profesor Franklin Franco Pichardo en su obra Historia Económica y Financiera de la República Dominicana dice que al 1930 habíamos tocado fondo “por el hambre” y por “el cierre por quiebra del comercio y talleres artesanales”. “El panorama era ciertamente sombrío”, dice en la pág. 250. “Los ingresos se habían reducido en un 25%”, y para poder pagar a los empleados públicos despidieron a centenares y cerraron escuelas. “En pocas palabras el país se encontraba al borde del colapso”.
A finales de agosto hubo un boom de la nueva Cerveza Colón, de la Compañía Embotelladora Dominicana, vendida por botella y por vasos, y cuando los capitalinos pudientes la disfrutaban, el inesperado y devastador ciclón San Zenón arrasó con más del 70% de la capital, destruyó gran parte del comercio y dejó pérdidas por 40 millones de pesos, casi cuatro veces más que el presupuesto del 1931 de 12 millones.
El Congreso Nacional le dio a Trujillo plenos poderes, suprimió garantías constitucionales y declaró per se un estado de emergencia. Trujillo se empleó a fondo y organizó operativos de suministros de raciones alimenticias a la población a la intemperie. “De Cuba han llegado médicos, enfermeras, materiales médicos y alimenticios y un pelotón de soldados sanitarios para ayudarnos”, publicó El Nuevo Diario, y llegaron ayudas de Haití, ocupada por Estados Unidos, Inglaterra, Curazao y Puerto Rico.
A un mes y 24 días del desastre, el 27 de octubre, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos solicitó a sus exportadores que concedieran “extensiones razonables de crédito a las firmas responsables del comercio de la República Dominicana en vista de la situación económica que atraviesa el país debido al huracán que azotó a la ciudad de Santo Domingo”
Se instalaron cocinas en comercios, farmacias, iglesias y otros locales. El 12 la Cruz Roja Americana donó 10 mil raciones y desde Miami llegó una cuadrilla de aeroplanos con toneladas de medicinas y antitetánicas, mientras las misiones de ayuda se dedicaron a recoger, incinerar y lanzar en fosas comunes los muertos. La Opinión informó el 13 de septiembre que eran tantos los muertos que los enterradores de la Plaza Colombina “no dieron abasto, por lo que fue preciso proceder a la incineración”.
Ya antes, el día 4, unas 300 personas fueron incineradas, y en el barrio Barahona incineraron 180, además de 160 echados a aljibes. A esos 640 computados habría que sumar a muchos otros en las afueras. La legación de Estados Unidos calculó en 1,500 los muertos y en 5,000 los heridos y lesionados. Fueron reportados 23 defunciones de puertorriqueños.
A un mes y 24 días del desastre, el 27 de octubre, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos solicitó a sus exportadores que concedieran “extensiones razonables de crédito a las firmas responsables del comercio de la República Dominicana en vista de la situación económica que atraviesa el país debido al huracán que azotó a la ciudad de Santo Domingo”.
Trujillo logró poco a poco controlar los efectos inmediatos del devastador ciclón y con los esfuerzos propios, la ayuda internacional y de Estados Unidos, ya para principios de 1931 se inició un período de recuperación que él sabría aprovechar y personalizar dando visos de su voluntad superior de permanencia en el poder.

Procesan en Chile a exmilitares que quemaron a dos jóvenes en 1986


Por Servicios de Acento.com.do. 25 de julio de 2015 - 3:00 am -  
"Se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice", explicó a los periodistas el juez Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
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Foto: Acento.com.do/Archivo/Dictador Augusto Pinochet.
Santiago de Chile, 24 jul (EFE).- Siete exmilitares chilenos fueron procesados hoy por el juez especial Mario Carroza, quien pudo reabrir el caso de dos jóvenes quemados con gasolina en 1986 durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet, gracias a que un exrecluta rompió un pacto de silencio que duró casi 30 años.
Seis de los procesados responderán a la justicia como autores de homicidio calificado y otro como cómplice.
Los siete fueron detenidos esta semana, después que un exrecluta los señalase como responsables de las quemaduras causadas el 2 de julio de 1986 al fotógrafo Rodrigo Rojas, que tenía 19 años, y a Carmen Gloria Quintana, de 18, en un barrio de Santiago.
Tras ser rociados con bencina y quemados, los jóvenes fueron llevados por los militares hasta un camino rural en las afueras de Santiago y arrojados a una zanja, de la que pese a sus heridas lograron salir algunas horas después y pedir ayuda.
Rodrigo Rojas murió 96 horas después y Carmen Gloria Quintana, pese a tener el 62 % del cuerpo quemado, logró sobrevivir y recuperarse después de varios años de tratamiento.
“Se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice”, explicó a los periodistas el juez Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Verónica De Negri, la madre de Rodrigo Rojas, dijo con el procesamiento “el caso no termina, hay que ver cómo sigue”.
“Hay que seguir insistiendo en que el pacto de silencio tiene que terminar, todos los militares tienen que ser degradados, todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad tienen que ser degradados”, dijo a los periodistas De Negri tras reunirse con el juez Carroza.
De Negri exhortó a la presidenta Michelle Bachelet, que “está al mando de todas las Fuerzas Armadas”, a degradar a los violadores de derechos humanos.
“Yo le pido a ella que mantenga su compromiso, el mismo que tenía cuando estaba conmigo en la Posta Central (en 1986) y me llevó para que viera a Rodrigo y me asegurara de que no se lo habían robado”, añadió.
Este miércoles Carmen Gloria Quintana, la sobreviviente del caso, reveló que Michelle Bachelet le salvó la vida cuando ejercía como médica en el hospital de urgencias (Posta Central) al que fueron llevados ella y Rodrigo Rojas.
Bachelet, según relató Quintana desde Canadá, donde reside, se opuso a las autoridades del establecimiento que no querían atenderlos y pretendían sacarlos del recinto.
Según Verónica De Negri, “las heridas no han quedado en el pasado (…) Mientras no haya justicia, no hay avance y se están violando los derechos humanos de todo un país”.
“Todos aquí tienen responsabilidad, cuando se mantiene el silencio por 29 años hay una responsabilidad, obstrucción de la justicia. Ahora, los grados de responsabilidad son los que la Justicia tiene que marcar, yo no soy quien debe hacerlo”, remarcó.
Los procesados como autores son el excoronel Julio Castañer, Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.
El séptimo, acusado de cómplice, es Sergio Hernández, conductor del camión militar en que se desplazaba la patrulla, quien compareció hoy por primera vez ante el juez, tras ser trasladado desde la sureña ciudad de Valdivia, donde reside.
Fernando Guzmán, el exrecluta que rompió el pacto de silencio que hasta ahora había trabado la acción de la justicia, afirmó que el principal autor de los delitos fue Julio Castañer, quien prendió fuego con su encendedor a la gasolina vertida sobre las víctimas.
Hasta ahora se creía que el principal responsable era el entonces teniente Pedro Fernández Dittus, quien comandaba la patrulla y que en el primer juicio por el caso fue condenado a 600 días de prisión por “cuasi delito” (no intencionado) de homicidio, mientras los demás uniformados fueron absueltos.
Castañer, también teniente en la fecha del incidente, pertenecía al Servicio de Inteligencia del Ejercito.
“Los seis autores serían los oficiales y suboficiales que comandaban las patrullas, y un conductor del camión, el señor Hernández, que hoy llegó a declarar desde Valdivia, estaría en calidad de cómplice”, precisó el juez.
“Hay información, hay antecedentes, datos que permiten, en este caso, poder procesarlos por homicidio calificado en el caso de (Rodrigo) Rojas de Negri, y por Carmen Gloria Quintana homicidio también calificado, pero en grado de frustrado”, explicó.
El magistrado anunció además que practicará nuevos interrogatorios relacionados con el caso y, aunque por ahora declinó adelantar nombres y otros detalles, trascendió que entre ellos hay 17 personas que eran reclutas cuando ocurrieron los hechos y también estaban desplegados en el sector.
Los implicados cumplen prisión preventiva en un batallón de policía militar situado en el sector santiaguino de Peñalolén. EFE

viernes, 24 de julio de 2015

Esquizofrenia

Diana Calderón 
Le dicen el Monstruo de la Sierrita y es un violador en serie de menores. Pero a Byron Palacio le habían dado casa por cárcel sin brazalete electrónico porque según las autoridades tenía tuberculosis y podía contagiar a los demás reclusos en uno de los penales colombianos donde el hacinamiento supera el 50 por ciento. Lo mandaron a su casa. Mientras estuvo allí violó a otro menor. Y además se fugó. Fue capturado en un bus rumbo a Venezuela. El mismo violador les había dicho a las autoridades que no soportaba las ganas de abusar de los niños, que no podía controlarlo.
¿Gabelas de jueces irresponsables? ¿Negligencia? ¿Abuso de beneficios jurídicos tan favorables en la legislación de este país? Todas. Ya había ocurrido con otro. A ese le decían La Bestia. Solo pagó 24 años de 40 porque colaboró con la justicia confesando sus atrocidades. Más de 20 iguales a estos dos pueden recibir la misma suerte de volver a sus casas en un país donde el año pasado fueron violados 17 mil niños.
Llegó la hora de reflexionar sobre si los beneficios deben tener límites en su aplicación, si es suficiente que la investigación en este país privilegie los testimonios de los victimarios, pero principalmente lo que debe exigirse a estos jueces es el cumplimiento de la ley. Porque es precisamente la laxitud en unos casos lo que nos ha impedido castigar como corresponde a violadores de niños, a los ladrones de cuello blanco, a los políticos corruptos, y a toda clase de delincuentes. Y a veces en cambio ese mismo sistema laxo, por decirlo de alguna manera, se ensaña con otros, mandado los mensajes equivocados dentro y fuera de nuestras fronteras.
Nuevamente, la justicia, lo básico para que este país pueda hablar de paz y posconflicto atraviesa por el peor de sus momentos profundizando nuestro conflicto que tiene un soporte muy fuerte en la impunidad y en esa línea gris entre la justicia que se imparte y la política. Por ejemplo, estamos a tres meses de las elecciones regionales y se repiten los nombres de aspirantes y candidatos criminalizados y avalados por los padres de la Patria. Es un nuevo cartel, el de los avales, que le lava la cara a los vinculados con la parapolítica, el narcotráfico y la corrupción.
En medio de esta esquizofrenia del aparato judicial, pescan los uribistas que parecen haber escogido el patrón de no presentarse ante las autoridades judiciales y pedir asilo con el argumento de la falta de garantías procesales y la persecución política. Luis Alfonso Hoyos, que ostentaba el extraño cargo de asesor espiritual de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, investigado por presuntas actividades ilegales con el hacker Andrés Sepulveda, en contra de la campaña de Juan Manuel Santos y el proceso de paz, pidió medidas de protección y asilo en Estados Unidos, como lo hiciera el ex ministro uribista Andrés Felipe Arias y también la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien cansada de huir en Panamá resolvió regresar a poner la cara.
La laxitud en unos casos nos ha impedido castigar como corresponde a violadores de niños, a ladrones de cuello blanco, a políticos corruptos
Pero es que tienen de donde justificar ante otros su poco respetable actuar. Un país como Estados Unidos, cuyo sistema es similar al nuestro, podría tener reservas sobre la confiabilidad del mismo en Colombia, cuando es posible que una parte del proceso mande a investigar y a encarcelar al juez que se supone imparcial si decide como no le parece.
Y peor aun cuando ve fallas en el modelo de medidas de aseguramiento como el caso de un feminicida que asesinó a machetes a su esposa y el fiscal del caso no pidió su detención porque no tenía antecedentes penales. Nuestro sistema permite hacer una imputación y después solicitar la medida de aseguramiento.
Adicionalmente hay un tema de tiempos: los juicios se dilatan, se vencen los términos, la gente está presa en cárceles donde no caben, y los que sí tienen probados sus crímenes, como el violador de niños, le dan la casa por cárcel. Con estos y otros problemas, en Estados Unidos es obvio que se pregunten si no es un problema más allá del uribismo, o si surge como problema penal o derivado de un proceso político...electoral.
Con un sistema judicial así, donde además se presenta manipulación de testigos o testigos falsos, está garantizado el asilo de Hoyos, la elección no de candidatos respetables sino de tránsfugas que debilitan aún más la democracia y nuestros hijos corren el riesgo de ser violados en las calles.

EL MERENGUE Y TRUJILLO

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