Españoles, ¿qué hacemos con Franco?

Eva Santos

Madrid, 11 dic (EFE).- Como aquella gélida semana de finales de noviembre de 1975, España está de nuevo pendiente del destino de Franco. Entonces su última morada fue el Valle de los Caídos, de donde el Gobierno está ahora empeñado en sacarle en contra de la familia y de los monjes que custodian la basílica.

Circulan varias versiones sobre los hechos y hay una que dice que fue Arias Navarro, el compungido presidente que comunicó la muerte de Franco por televisión, quien decidió que fuera enterrado en ese colosal mausoleo, convertido en punto de peregrinación para aquellos que añoran el franquismo (muchos sin haberlo vivido) y donde se venera y glorifica, con cargo al erario público, la figura del dictador, enterrado además al lado de sus víctimas.

Una "atroz" anomalía democrática -en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas de uno y otro bando de la Guerra Civil, la mayor parte sin identificar- que el Gobierno asegura que quiere corregir exhumando los restos de Franco 43 años después de ser sepultado bajo una losa de 1.500 kilos de granito, en un lugar preeminente de la basílica, entre el altar mayor y el coro.

Fue un compromiso que adquirió en junio pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los pocos días de llegar a Moncloa, tras desalojar a Mariano Rajoy con una moción de censura.

Para blindar su decisión, el Consejo de Ministros aprobó en agosto un real decreto que el 13 de septiembre fue convalidado en el Congreso con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios salvo la abstención del PP y Ciudadanos.

Inició entonces su tramitación como proyecto de ley de modificación de la Ley de Memoria Histórica, pero tres meses después sigue empantanado en la Cámara Baja, donde la Mesa, en la que PP y Cs tienen mayoría, va prolongando los plazos de presentación de enmiendas.

Eso no ha impedido que el Gobierno haya ido cumplimentando en sus reuniones de los viernes diversos pasos administrativos que culminen con el desenterramiento de Franco a finales de este año o principios de 2019.

Así, el proyecto sobre la exhumación ya ha sido remitido al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y también se ha cursado petición a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, como órgano de la Comunidad de Madrid competente en materia de sanidad mortuoria, para que emita un informe no vinculante sobre este asunto.

Ya desde el primer momento, los siete nietos de Franco mostraron su negativa a cambiarlo de sepultura, convencidos de que legalmente "no es posible" llevar adelante los planes del Gobierno.

La familia tiene de su lado al prior de la basílica del Valle, Santiago Cantera, que no permitirá que saquen los restos de Franco sin el permiso de sus nietos. Estos incluso le hicieron llegar explícitamente su postura contraria vía notarial, para que quedara constancia.

Según su argumento, la basílica benedictina es un lugar de culto y, por lo tanto, está sujeta al Concordato con la Santa Sede.

También han denunciado a los altos cargos que firmaron el proyecto de presupuesto de obra menor por los supuestos delitos de prevaricación y usurpación de atribuciones y funciones, y no han dudado en recurrir al Tribunal Supremo para intentar paralizar el proceso.

De hecho, hace unos días, el Alto Tribunal abrió una pieza para examinar la petición de la familia Franco de suspender de forma cautelar la exhumación.

Pero, además, la familia ha reclamado honores militares en el caso de que el Gobierno siga con sus planes y proceda a la exhumación, lo que significa que en las nuevas honras fúnebres tendría que haber himno nacional completo, arma presentada, descarga de fusilería y un número por concretar de cañonazos.

Uno de los mayores órdagos de sus descendientes ha sido anunciar que, si finalmente los restos de Franco son sacados del Valle, los enterrarán en la cripta que la familia tiene en la catedral de la Almudena, en pleno centro histórico de Madrid, lo que abrió un nuevo frente con el Gobierno.

Frente que llevó a la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, hasta el Vaticano para tratar de que mediara en el conflicto el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín.

El Gobierno aseguró haber llegado a un acuerdo para que Franco no acabara en la Almudena. El Vaticano señaló en un comunicado que Parolín coincidía con Calvo en apoyar la exhumación pero matizó que "en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación".

Con bendición de la Iglesia o sin ella, el Ejecutivo rechaza enérgicamente que el dictador sea inhumado en la Almudena y avisa de que empleará "los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo. Aboga, en cambio, por que sea enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde la familia Franco tiene un panteón en el que reposan los restos de Carmen Polo, la mujer del dictador.

El gran beneficiado de toda esta polémica ha sido el conjunto del Valle de los Caídos que, a nueve euros la tarifa individual (salvo si vas a misa, que entras gratis), ha visto casi duplicar su número de visitantes: en noviembre pasado, coincidiendo con el 20N, hasta en un 81,82 %.

Si se completa la exhumación se abrirá una nueva derivada, la de en qué debe convertirse el Valle, pero, mientras tanto, la cuestión es: Españoles, ¿qué hacemos con Franco?. EFE