sábado, 5 de abril de 2014
El genocidio de Ruanda. 800,000 mil muertos en 5 meses.
ISRAEL VIANA ISRA_VIANA / MADRID
Día 05/04/2014 - 10.12h
Hace 20 años comenzaba uno de los episodios más aberrantes de la historia reciente, en el que el 85% de la población hutu exterminó al otro 15% tutsi
El genocidio de Ruanda: 800.000 muertos en cinco meses
REUTERS
Un refugiado ruandés, con el cadáver de su hijo, muerto durante el genocidio, en julio de 1994
«La muerte del presidente enciende el terror y las matanzas tribales en Ruanda», titulaba ABC el 8 de abril de 1994, dos días después de que el avión en el que viajaba Juvénal Habyarimana, junto a su homólogo de Burundi, fuese alcanzado por un misil en pleno vuelo. Con este magnicidio daba comienzo, hace hoy justo 20 años, uno los episodios más aberrantes, sanguinarios y atroces de la historia reciente: el genocidio de Ruanda.
El genocidio de Ruanda: 800.000 muertos en cinco meses
AP
Un refugiado hutu, tras sufrir un ataque por parte de los tutsis
Fue tal la ola de violencia que se desató en el país africano el 6 de abril de 1994 que, durante cinco meses, fueron asesinados entre 800.000 y un millón de tutsis (y hutus moderados), provocando, además, más de dos millones de refugiados según los datos oficiales. El 85% de la población, los hutus, agredió, torturó y aniquiló de manera sistemática al otro 15% tutsi con un objetivo claro: exterminarlos.
Los métodos utilizados contra las «cucarachas tutsis» –como se las calificaba en la «Radio Mil Colinas», que llamaba abiertamente al asesinato colectivo, razón por la cual algunos de sus periodistas cumplen ahora cadena perpetua– eran increíblemente despiadados: relaciones sexuales forzadas con mujeres infectadas con sida, extremidades amputadas a golpe de machete, violaciones masivas, cientos de personas quemadas vivas en recintos cerrados o ejecuciones de niños y bebes, entre otras torturas.
Y eso que no había entre ellos ningún rasco étnico ni lingüístico que les diferencia a simple vista, pero sí una serie tensiones históricas que se habían iniciado en el siglo XV, cuando los tutsis invadieron Burundi, de donde son originarios los hutus. Fue a partir de entonces cuando se las ingeniaron para monopolizar la política, el Ejército y la economía de los hutus, a pesar de que los hutus solo conformaban una mínima parte de la población total. Una pequeña minoría invasora dominando a la gran mayoría.
Odio enraizado
Ese fue el escenario en el que nació y se enraizó el odio entre hutus y tutsis, hasta que, tras obtener Ruanda y Burundi la independencia de Bélgica en 1962, los enfrentamientos entre ambos grupos étnicos se fueron intensificando, dando paso a una época en las que las violaciones de derechos humanos y los golpes de Estados se convirtieron en la norma común.
El genocidio de Ruanda: 800.000 muertos en cinco meses
REUTERS
Escenario ruandés, tras una de las matanzas
En 1965, por ejemplo, se desencadenó una matanza de hutus, que volvió a repetirse en 1972 con más virulencia incluso: fueron asesinadas más de 200.000 personas. En agosto de 1988 y en diciembre de 1991 se repitieron las matanzas. Según un informe de Amnistía Internacional, más de medio millón de hutus fueron ejecutados entre 1965 y 1991.
Los acontecimientos se sucedieron a una velocidad de vértigo a partir del 6 de abril del 94, una fecha macabra no sólo para la historia de Ruanda, sino para la historia de la humanidad. Ese día se produjo el atentado contra el presidente Habyarimana, que durante los 20 años había gobernado Ruanda a favor de los hutus, la etnia a la que él mismo pertenecía. Y solo un día después era asesinada la primera ministra del país, también hutu, y los 10 soldados belgas que la custodiaban. Los autores no fueron descubiertos ni se averiguó jamás a qué etnia pertenecían, pero la reacción hutu no se hizo esperar.
El «Plan Simbananiye»
Era la hora de la venganza, después de varias décadas siendo el objetivo de una persecución sistemática que obedecía a un proyecto maquiavélico dibujado poco después de las matanzas de 1972: el «Plan Simbananiye», en referencia al nombre de su autor, que pretendía, como «única solución democrática», eliminar al número de hutus suficiente como para que la proporción con respecto a los tutsis se estableciera en un 50%.
El genocidio de Ruanda: 800.000 muertos en cinco meses
AFP
Un refugiado Hutu, con la marca de un machetazo en la cabeza
El genocidio que se iniciaba en abril de 1994, ahora de la mayoría hutu contra la minoría tutsi, fue seguido en directo por Occidente a través de la televisión, dejando imágenes tan dantescas como difíciles de olvidar [ver la fotogalería del genocidio]. Según las organizaciones humanitarias, en los dos días siguientes al asesinato del presidente ruandés, más de 2.000 personas fueron ejecutadas solo en la capital, Kigali.
Probablemente nunca se sabrá el número exacto de muertos, pero dando por cierta la cifra de 800.000, eso equivaldría al 11% de la población, un 80% de los tutsis. Tampoco se sabe cuántas víctimas provocó la reacción estos en aquellos meses de 1994, pero, aunque se hable del «otro genocidio», parece que no fue en absoluto comparable.
«Caos, desolación, muerte»
El 13 de abril, la misionera Maria Elena Adot ya hablaba de «caos, desolación, muerte, angustia, matanzas, destrucción y dolor» para definir la situación del país. «Los militares ruandeses están desatados, matan a todos los tutsis que se encuentran a su paso», declaraba a ABC, antes de contar su traumática experiencia al día siguiente del asesinado el presidente Habyarimana: «Estábamos todos rezando en la capilla. Irrumpieron unos militares y nos pidieron a todos la identificación. Nos dijeron que podíamos seguir rezando. Así lo hicimos. Cinco minutos después nos hicieron salir. Nos separaron: en una habitación del piso superior los de raza blanca y un somalí de la ONU; a otra se llevaron a los de raza negra. Escuchamos unas ráfagas y disparos sueltos. Ya está, ya los han matado, pensamos. Hasta la mañana siguiente no pudimos salir de la habitación. Corrimos por el edificio hasta el lugar donde los metieron. Abrimos la puerta y allí estaban todos muertos. Mataron a los 15».
Otro testimonio impactante es el de Santos Ganuza, misionero navarro de una parroquia al oeste de Ruanda: «En abril de 1994 llegaron los “Interahamwe” [grupo paramilitar hutu formado en 1991] y mataron a unos mil tutsis que se habían refugiado en la iglesia, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Pocos días después, llegaron los militares tutsi y mataron a 10.000 hutus. Las televisiones occidentales proyectaron las imágenes de los hutus asesinados en mi parroquia, identificándolos como a tutsis».
El genocidio de Ruanda: 800.000 muertos en cinco meses
AP
Una mujer ruandesa, con una herida de machete, en mayo de 1994
La antropóloga forense Clea Koff cuenta en su libro «El lenguaje de los huesos» el procedimiento para acabar con varios miles de muertos en Kibuye, al oeste de Ruanda, en una sola masacre: «Según los escasos supervivientes, el gobernador de Kibuye organizó a los gendarmes para que condujera a dos lugares a la gente que él ya había elegido para ser asesinada: la iglesia y el estadio. El gobernador les dijo que era por su propia seguridad, que así quedarían protegidos de la violencia que se extendía por el país. Pero al cabo de dos semanas, eran atacados por la misma policía y la misma milicia que supuestamente debía protegerlos. Ésa era la típica táctica de los genocidas de Ruanda».
Koff también describe los controles en las carreteras donde se pedían los carnés de identidad a los ruandeses, para identificar al grupo étnico al que pertenecía. «Mientras tanto, los políticos que planearon el genocidio dejaban bien claro que abril de 1994 suponía la bajada de bandera para el genocidio de los tutsis y para cualquiera que estuviera casado con un tutsi o cuyas opiniones políticas pudieran calificarse de “moderadas”», explicaba.
Entre 800.000 y un millón de muertos en cinco meses es demasiado para un país como Ruanda que, en 1994, contaba con menos de ocho millones de habitantes. El mayor infierno que haya podido ver la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, demasiado duro para un país donde, además, la esperanza de vida no superaba los 44 años, donde 250.000 personas están contagiadas por el virus del sida y donde más del 70% de la población vivía y vive por dejado del umbral de la pobreza.
Sobre fusilamientos y desapariciones
Las sombras de los monstruos
ENTREVISTA El rol de los invisibles, la complicidad cívica en la dictadura y sus actores más silenciados, los que hoy caminan los pasillos de fiscalías y juzgados sin llevar en la solapa el mote de “cómplices”. Sin embargo, existieron y ayudaron a que el plan de exterminio y la instalación del régimen neoliberal impuesto por los dictadores en argentina fuera efectivo. Acciones y omisiones que tuvieron una continuidad en el tiempo y que se siguen materializando a pesar de las tres décadas que nos separan de entonces. Temas que se plasman en la investigación de las abogadas Lucía Castro Feijóo y Sofía Lanzilotta: Justicia y Dictadura. Operadores del plan cívico-militar en Argentina.
Por Laura Rosso
Durante los primeros años de facultad, cuando transitar los pasillos de Abogacía era semejante a cruzar distancias sinuosas para arribar a un destino poco conocido, la amistad que las unía se hizo más fuerte. No fue fácil adaptarse a la nueva etapa, hasta imaginaron fugarse juntas de ese lugar. Sin embargo, no renunciaron a su deseo y las dudas se despejaron de a poco. Sabían que el derecho penal era el campo que les interesaba, pero no tenían claro qué hacer después. Hoy, acaban de publicar el trabajo que comenzaron cuando eran estudiantes: Justicia y Dictadura. Operadores del plan cívico- militar en Argentina (Ediciones del CCC). Ambas son abogadas: Sofía Lanzilotta trabaja en la Unidad fiscal de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y Lucía Castro Feijóo se desempeña en una defensoría pública.
Recuerdan con emoción que fueron convocadas por el docente Pablo Perel a participar de un equipo de investigación en el Centro Cultural de la Cooperación. El proyecto era investigar la complicidad civil de la dictadura. El puntapié inicial de la investigación de la que son autoras fue el libro Universidad y Dictadura, que analiza cómo afectó el golpe de Estado a la universidad en general y a la Facultad de Derecho en particular. Por esos años, 2007 y 2008, había investigaciones que se ocupaban de los grupos económicos, y el rol de la Iglesia estaba bastante develado. Pero nada se decía de la Justicia, del Poder Judicial, de los ministerios públicos y de los abogados en general. Por eso, decidieron, en el 2009, acotar el objeto de estudio e investigar a los “operadores jurídicos”. “Nos pareció que la complicidad del Poder Judicial era lo más adecuado. Hasta ese momento, por lo menos, no había casi nada dicho sobre el tema. Empezamos a investigar con muy poco, porque todavía no estaba instalando –como hoy– el concepto de cívicomilitar para hablar de la última dictadura. Era muy difícil porque el Poder Judicial y toda la corporación y las redes de complicidad se resistían, como aún continúa sucediendo”, comienza Sofía en charla con Las12.
El libro investiga a operadores jurídicos involucrados con el terrorismo de Estado en desapariciones, robo de bebés, secuestros, torturas; un escenario que fue amparado por las omisiones y complicidades de la Justicia. Querer desentrañar esas redes que tejían ocultamientos fue el punto de partida para abordar este trabajo. ¿Cómo fue adentrarse en esa maraña que les permitió conocer las acciones desplegadas por funcionarios judiciales?
Sofía: Esa fue nuestra hipótesis y creo que es la conclusión del trabajo. Había un compromiso activo no sólo con el régimen, sino también con los intereses. El Poder Judicial, lo mismo que la Iglesia y los grupos económicos, estaban comprometidos con la instalación del neoliberalismo. Adentrarse fue difícil porque teníamos algunos trabajos de los primeros años de posdictadura que eran muy ricos y muy interesantes, pero muy puntuales también. La información era muy escasa porque todavía no se hablaba de complicidad civil; entonces querer buscar en archivos de expedientes judiciales de esa época parecía raro. En febrero del 2009, nos dedicamos a revisar los documentos de la biblioteca del CELS; ellos tenían hábeas corpus presentados. Al principio tuvimos oportunidad de conocer y trabajar con algunos protagonistas como José Ernesto Schulman y Carlos Zamorano, y con documentos e información que ellos nos aportaron. Un par de años después empezaron a aparecer publicaciones en diarios, notas periodísticas y columnas. De esa manera se fue complementando y actualizando la información.
Ustedes señalan que “intentar legalizar con normas jurídicas estos crímenes es también un crimen de lesa humanidad”. ¿Qué implicancias puede tener eso hoy, en vista de los nuevos juicios?
Sofía: Un crimen de lesa humanidad es aquel perpetrado por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por su instigación o con su tolerancia, en conocimiento de que lo hacen como parte de un engranaje estatal, para violar derechos humanos. Por eso es imprescriptible. Algunos crímenes de lesa humanidad son los que cometieron en su momento los jueces que ampararon asesinatos, que no investigaron torturas, que omitieron tramitar verdaderamente hábeas corpus, que entregaron a hijos de desaparecidos, o que provocaron torturas para que una persona se autoincriminara. Lo que ocurre hoy es que algunos jueces buscan amparar a través de medidas judiciales a los imputados (un juez, un policía, un agente de la Triple A). Se excusan permanentemente porque conocen al acusado. No es crimen de lesa humanidad pero es un delito, que están cometiendo hoy. Es obstrucción de justicia. Es muy difícil que en el Poder Judicial se desconociera cuál era la situación en aquel momento. Más que nada porque un juez es la autoridad de la policía, de las fuerzas en general, es quien da las órdenes, no deberían actuar sin una orden judicial. Las fuerzas son auxiliares de la Justicia; entonces, verdaderamente, que algún juez desconociera lo que sucedía me parece casi imposible. Los casos que relevamos dan cuenta de un compromiso mutuo con el régimen y con sus intereses.
¿De qué manera se resignifica en ustedes la frase Memoria, Verdad, Justicia luego de haber transitado este trabajo que permite caracterizar la dictadura como plan cívico-militar?
Lucía: Si bien desde el inicio teníamos una postura política e ideológica que caracterizaba a la dictadura como cívicomilitar, identificar que la intuición era correcta respecto de la complicidad de muchos operadores jurídicos con el terrorismo de Estado hizo repensar el rol de los administradores de justicia. Ahora también, Memoria, Verdad y Justicia se piensa desde la lógica de su participación específica, circunstancia que antes estaba vedada respecto de los miembros del Poder Judicial y el ministerio público. Eran intocables, era imposible pensarlos sentados en el comúnmente llamado “banquillo de los acusados”.
Sofía: El primer juicio de lesa humanidad con un imputado juez, el juez Brusa –hasta la fecha el único juez condenado– fue el puntapié para que nos abocáramos a la complicidad del Poder Judicial.
Lucía: El caso Brusa, en particular, terminó demostrando que ese juez (que en ese momento no era juez sino empleado y luego en 1977 es secretario del juzgado federal de Santa Fe cuando el juez Mántaras despide al entonces secretario De Aguirre) había tenido un compromiso ideológico con la dictadura y había asistido personalmente a los centros clandestinos de detención y había tomado declaraciones bajo tortura. Es decir, había habido una práctica activa.
Sofía: El caso Brusa llegó a juicio por lesa humanidad luego de que fuera destituido de su cargo por un jurado de enjuiciamiento a raíz de haber cometido un delito común en plena democracia. Fue el primer juez destituido por el Consejo de la Magistratura. Lo característico es que fue destituido por haber atropellado con una lancha en el delta santafesino a una mujer y haber omitido auxiliarla.
En el libro se relata un hecho impactante que pasó hace unos meses en un juzgado de Morón. Fue encontrada en el cajón de un escritorio la solicitud de búsqueda del hijo de Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Ese documento, olvidado, cajoneado por años, es la muestra de lo que muchos jueces hicieron ante pedidos desesperados. ¿Qué reflexiones trazan sobre este hecho?
Lucía: Este hecho refuerza la teoría de la continuidad. Continuidad de las prácticas, permanencia de los empleados y funcionarios en sus cargos, ausencia absoluta de reproche por las atrocidades que los operadores jurídicos cometieron en ese entonces. También puede pensarse desde la “banalidad”, un hecho más de esos que los operadores consideraban inocuos. Esas acciones u omisiones individuales que –ellos alegan– no aportaban al plan represivo o no formaban parte de él. Por el contrario, lo que queremos demostrar es que existía un compromiso corporativo que abarcaba un amplísimo espectro de la administración de justicia y que conllevaba un compromiso ideológico y una empatía con los intereses del terrorismo de Estado.
Esa supuesta “normalidad” de quienes intervenían en la maquinaria del terror, que no presentaban el menor atisbo de reacción frente al horror, se relaciona con el mecanismo de la “banalización del mal”, acuñado por Hannah Arendt y que ustedes toman.
Lucía: Justamente eso, su compromiso ideológico y la conjunción de intereses con la instauración del neoliberalismo hacían que los individuos tomados de manera aislada alegaran no identificar su rol ni se sintieran responsables por su participación en el aparato del terror.
El caso de la morgue judicial y los cementerios donde se hacían desaparecer los cuerpos de hombres y mujeres asesinados es otro escenario de impunidad. Ustedes citan un extracto del libro Poder Judicial y dictadura, de María José Sarrabayrouse, que dice: “Mientras arriba (en los tribunales) rechazaban los hábeas corpus, abajo (en la morgue) ordenaban inhumar los cuerpos de los mismos que habían rechazado”.
Lucía: El caso de la morgue judicial es el claro ejemplo de la investigación que emprendimos. Es un trabajo previo de María José Sarrabayrouse Olivera que a nuestro entender devela el funcionamiento de la burocracia estatal al servicio de las Fuerzas Armadas. Hay una causa en la que se constató el cruce de notas que existió entre el presidente de la Cámara del Crimen, Mario Pena, y el entonces decano de la morgue por el aumento del número de autopsias, que además en muchos casos se realizaban sin que hubiera intervención de una autoridad judicial. Por eso constituye una suerte de síntesis de funcionamiento de la maquinaria represiva, porque complementa a los distintos espacios de la administración de poder: morgue, Poder Judicial, fuerzas de seguridad.
Sofía: En todo el país ocurría eso, en provincia de Buenos Aires también, donde los médicos dependían de la policía de la provincia. Se hacía un mero examen del mecanismo de muerte, por ejemplo: “Orificio de bala por arma de fuego” o “múltiples heridas de bala”. Como mucho, se podía hacer una mención de que alrededor del cuerpo no se habían encontrado proyectiles o armas. En general, no se decía quién era ni había identificación de la persona. Parte del trabajo que realiza hoy el Equipo de Antropología Forense es ése. Porque muchos fueron enterrados como NN y otros fueron identificados con posterioridad en algunos expedientes. Pero lo que se hacía era eso, que estaba ordenado desde el superior hacia la morgue, en Capital Federal. Hay casos de sentencias recientes que demuestran que hubo investigaciones falsas y que las circunstancias de muerte que se establecieron no eran lo que ocurrió verdaderamente, por contradicción de testigos y de los propios policías. El examen de la morgue judicial era básicamente una plantilla, un modelo sin explicaciones acabadas como las que se hacen en la actualidad. El juez está obligado a averiguar, a identificar a la persona. Pero no se investigaba.
Incomunicar era la clave
¿Mediante qué estrategias los medios de comunicación masiva banalizaban y ocultaban los crímenes? Ustedes los llaman medios de incomunicación.
Sofía: Hacemos referencia a ellos como un elemento más de aquello que conformaba la composición civil de la dictadura. Gran parte de los medios tergiversaban los hechos ocurridos, por ejemplo se presentaba como “enfrentamientos” lo que eran masacres en la vía pública por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas. Tampoco hacían referencia alguna a las detenciones clandestinas. Se hablaba a favor del golpe a la hora de tomar el poder, se tapaba de todas las maneras posibles lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Había una complicidad de los medios con la dictadura, son un elemento más de la complicidad civil.
También se destaca la importancia de los testigos. Sus testimonios como elemento probatorio y de posibilidad de reconstrucción de los hechos. ¿Qué más representan?
Lucía: Las víctimas –convertidas en “testigos” jurídicamente hablando– durante mucho tiempo fueron ninguneadas y menospreciadas por gran parte de la sociedad y por el sistema de justicia en particular. Es importante destacar que pese a los obstáculos y, después de tantos años, gracias a ellas los juicios fueron posibles. Tanto por la valentía de exponer sus pesares una y otra vez sin obtener resultados, ni ver consecuencias del esfuerzo que la repetición de los testimonios implicaba, como por haber continuado su lucha hasta que finalmente se van concretando los juicios.
viernes, 4 de abril de 2014
El dictador tolerado
Declararse "progre" ofrece impunidad
03/04/2014-21:05
Opinión
Por: Emilio Martínez
Marcos Aguinis
aguinis A Mario Vargas Llosa, en una de sus visitas a Buenos Aires, le preguntaron si era progresista. Sonó agresiva la consulta, como si se infiriese a priori que no lo era. Así se desnudaba antes a quien era negro, judío, gitano, homosexual o alguna de las muchas condiciones que se discriminaban (y discriminan) en el mundo. Ahora, no ser "progre" implica un estigma infernal. El escritor se limitó a una respuesta educada. Hubiera sido conveniente que preguntase a la entrevistadora qué entendía ella por progresismo. Entonces le hubiera transferido la carga de explicar algo que se ha convertido en un nudo gordiano.
En efecto, el progresismo se asocia a los partidos políticos llamados de izquierda, en oposición a los conservadores, llamados de derecha. Preconizan el progreso (valga la redundancia) en todos los órdenes. Pero resulta que muchos de los partidos y líderes que se proclaman de izquierda llevan a cabo políticas crudamente opuestas al progreso: tiranizan sus naciones, cercenan la libertad de opinión, generan pobreza, someten la justicia a los miserables intereses del grupo dominante, son hipócritas, desprecian la dignidad individual, corrompen la democracia, quiebran la recta senda del derecho y otras calamidades por el estilo.
No obstante, por el hecho de proclamarse "de izquierda" o "progresistas", quedan protegidos por el escudo de una excepcional impunidad. Sin ese escudo, hubieran sido objeto de impugnaciones muy severas. Imaginemos que el gobierno actual de Venezuela estuviese compuesto por figuras que no se llaman a sí mismas "progres" y se las considerase "de derecha". Y que, como el actual, haya surgido de elecciones poco claras.
Supongamos que un gobierno desprovisto del maravilloso título de "progre" cercena el disenso, mete en la cárcel a los opositores, cierra medios de comunicación que le resultan molestos, reprime manifestaciones en las que mueren decenas de ciudadanos en la calle. ¿Qué ocurriría? Seguro que habría incontables y muy sonoras expresiones de condena. Líderes que en este momento son tibios o cómplices activarían a las organizaciones internacionales para detener los abusos de ese poder satánico. Se enviarían comisiones investigadoras, se escucharía a los disidentes, se difundirían con más intensidad los crímenes, se implementarían sanciones políticas y económicas.
No hay duda de que se haría todo eso y aún más. Pero resulta que el gobierno de Venezuela se llama "progre". Nació con la arrogante pretensión de crear un hombre nuevo (pretensión mesiánica que se repite de tanto en tanto y adquirió febril intensidad en 1917, con la fundación de la Unión Soviética). Cambió el nombre de la nación con el agregado de "bolivariana" y se proclamó adalid del "socialismo del siglo XXI", que sanaría las fallidas experiencias autoritarias del pasado. Desgraciadamente, igual que en las experiencias anteriores, fue hundiendo al país en las ciénagas de una dictadura empobrecedora, ignorante y brutal, que sólo mantiene como fachada la convocatoria a elecciones, a las que se contamina de fraude antes de que se realicen.
La revolución cubana también fue "progre". Muy "progre". Millones creyeron en ella con juvenil esperanza. Modestamente, yo también. Pero los ideales sólo flamearon en los discursos y las racionalizaciones. La gran revolución que devastó esa hermosa isla y ensangrentó con aventuras guerrilleras América latina, África y otros continentes degeneró pronto en una dictadura unipersonal férrea, asesina y estéril. Los hermanos que la conducen son los tiranos más viejos del mundo, son los que más duran en el poder, sin amagos de una mínima consulta popular. Pero a ese gobierno inepto, delirante, corrupto y asesino se lo sigue considerando "progre", es decir, de izquierda. La razón es simple: como se ha proclamado "progre" y sigue diciendo que es "progre", brinda certificado de "progre" a quienes lo apoyan, aunque ese apoyo cause náuseas. Hace poco desfilaron ante el senil monstruo que supo engañar a su pueblo y a la humanidad casi todos los presidentes de América latina. Fue un espectáculo bochornoso que ofende el concepto de democracia que se pretende cultivar. Fue una traición y una mofa a ese concepto.
Corea del Norte es una dictadura que ha elegido el aislamiento monacal. Es de izquierda porque nació con las bendiciones de la URSS y China, y sus líderes se proclaman marxistas-leninistas. Pero su socialismo ha optado por una forma de sucesión que debe convulsionar los huesos de Marx y Lenin, porque impuso el reaccionario modelo de la monarquía absoluta. Algo que ni siquiera en estado de delirio aquellas grandes cabezas hubieran sospechado. El Abuelo fundador fue seguido por su Hijo consolidador y su Nieto con cara de bebé perverso. Corea del Norte funciona como un colchón entre China y Corea del Sur y quizás por eso la dejan sobrevivir. El pueblo tiene hambre y debe mendigar comida, pero se gastan enormes cifras en bombas atómicas.
Contra ese régimen no hay manifestaciones universitarias, ni políticas, ni de organismos humanitarios, porque evidencia su condición de "progre" mediante su odio al gran enemigo que encarna el imperialismo yanqui. Desde hace décadas ser enemigo de Estados Unidos condecora de inmediato con la credencial de "progre". No hace falta más. No importa si prevalece un salvajismo equivalente a las etapas más primitivas de la humanidad. No importa que el Amado Líder, para consolidar su fuerza basada en el terror, haya hecho devorar vivo por perros hambrientos a su tío.
Llama la atención la escasa fortuna que ha tenido una obra mayúscula como El libro negro del comunismo. Con una documentación farragosa y estilo subyugante, pasa revista a las experiencias de izquierda, "progres", que se concretaron desde comienzos del siglo XX. Los conflictos entre los reformistas socialdemócratas y los revolucionarios comunistas dieron por mucho tiempo ventaja a los comunistas. Tanta ventaja que ahora, cuando el comunismo ya está desenmascarado como una corriente ciega, que en la práctica nunca genera más libertad ni justa inclusión, todavía sigue gozando de tolerancia o silencio. No abundan las condenas a Stalin, a los gulags, a Mao, a Pol Pot y a los dictadores de las mal llamadas "democracias populares". No son recordados como etapas tenebrosas de las que se deben sacar enseñanzas para no repetirlas ni por asomo.
Con gran acierto, Horacio Vázquez Rial calificó a estos "progres" como la "izquierda reaccionaria". ¡Gran definición! Los discursos de esa izquierda son falsos y engañosos, aunque no usen la palabra comunismo, sino socialismo, progresismo, nac&pop u otras variantes. No conducen a una mejor democracia ni a la consolidación de los derechos individuales, ni estimulan el pensamiento crítico, no consiguen un desarrollo económico sostenido, faltan el respeto a las opiniones diversas, destruyen la meritocracia en favor de la burocracia y la ineptocracia nutridas por el poder de turno. Operan como la trampa de almas ingenuas u oportunistas, que no son pocas. Sigue operando la palabra "progre" como el ademán hipnótico de un desactualizado Mandrake.
Como observación final, hago votos para que la palabra progresismo sólo se aplique a quienes de veras quieren el progreso (no lo contrario), la modernidad, la justicia, la decencia, el respeto, la ética, las instituciones de una vigorosa democracia y los derechos asociados siempre a las obligaciones.
La Nación – Buenos Aires
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jueves, 3 de abril de 2014
Las dictadoras
miércoles, 2 de abril de 2014
El hombre que mató a Francisco Franco
LA CUARTA PÁGINA
Adolfo Suárez fue un héroe de la traición. El Rey lo contrató para acabar con el franquismo y él, que era parte del régimen, cumplió, pero no se conformó y engendró una democracia en la que no pudo prosperar
EDUARDO ESTRADA
La muerte de Adolfo Suárez ha deparado más de una sorpresa. No me refiero al hecho previsible de que algunos de los que con más brutalidad le trataron cuando era presidente lo hayan abrumado ahora de elogios. Sí es sorprendente, en cambio, que hayamos oído a menudo cosas como que, después del 23 de febrero de 1981, todos le quedamos agradecidos para siempre a Suárez por haber demostrado sin posibilidad de duda, mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso, que estaba dispuesto a jugarse el tipo por la democracia; es sorprendente porque es falso: a raíz del golpe casi nadie dio importancia al gesto de Suárez, la mayoría lo interpretó como la última vaciedad de un presidente oportunista, amortizado y gestero, y a no pocos casi les molestó, quizá porque delataba por contraste el comportamiento general: la prueba es que, apenas año y medio después de la asonada, Suárez se presentó a las elecciones y su partido obtuvo la friolera de dos diputados. ¿Y quién podía esperar que algunos intentaran legitimar las martingalas mediante las cuales persiguen ahora la independencia de Cataluña con las que Suárez usó hace 40 años a fin de instaurar la democracia? Cualquier martingala es legítima para cambiar una dictadura por una democracia; dentro de una democracia, las martingalas no son solo ilegítimas sino —sobra decirlo— antidemocráticas. Por lo demás, no sé cuántas veces se habrá dicho, tras su muerte, que Suárez fue un héroe; a mi juicio lo fue, aunque de un tipo muy peculiar, que quizá explica en parte la peculiaridad de nuestra democracia.
En otro lugar lo llamé un héroe de la traición; el oxímoron sigue pareciéndome válido. ¿Qué es un héroe de la traición? Estamos acostumbrados a pensar en la lealtad como una virtud, y lo es; pero hay momentos en la historia en que es más ardua, más valiente y más honesta la traición que la lealtad. La Transición fue uno de ellos. Se ha recordado a menudo estos días que, cuando el Rey designó a Suárez presidente del Gobierno, los demócratas se horrorizaron ante el nombramiento de aquel arribista del franquismo, ministro secretario general del Movimiento por más señas; apenas se ha recordado que, a la inversa, fueron los franquistas más duros quienes se entusiasmaron con la elección de Suárez. Es natural: aquel joven hábil, seductor, enérgico, kennediano y complaciente era uno de los suyos, de modo que consideraron su nombramiento como la mejor garantía de que el franquismo no iba a morir con Franco. Qué error, qué inmenso error. En menos de un año, a base de diálogo, claro, pero también de pases de magia y trucos de trilero, Suárez liquidó el franquismo y puso los fundamentos de la democracia. Fue así como el gran héroe se convirtió en el gran traidor, al menos para los franquistas; para los demás, o para casi todos los demás, acabó convertido con el tiempo en el advenedizo de sucio pasado que se había ensuciado las manos traicionando a los suyos.
Esa fue la mitad evidente del precio que Suárez tuvo que pagar por su proeza; la otra mitad es más secreta, pero a través de ella el destino de Suárez conecta con el de Tom Doniphon, el protagonista de un westernimbatible de John Ford: El hombre que mató a Liberty Valance. Valance es el tipo más duro al sur del Picketwire, un territorio salvaje donde se levanta el pueblo de Shinbone y donde solo impera la ley del propio Valance, que es la de la barbarie. He dicho el tipo más duro; no es exacto: debería haber dicho el tipo más duro después de Doniphon, la contrafigura de Valance. Doniphon no impone la barbarie, pero la barbarie es su reino; allí lo tiene todo, incluido un futuro próspero junto a la mujer que ama. Hasta que llega a Shinbone un abogado, Ramson Stoddart, que trae consigo la ley y la civilización, y todo se trastoca. Valance quiere acabar con Stoddart para impedir que la ley entre en Shinbone, pero Doniphon, que además de tener el coraje tiene el instinto de la virtud, entiende que en la ley está el bien y en la barbarie el mal, así que traiciona su mundo, se pone de parte de Stoddart y consigue que triunfe de la única forma que puede triunfar: ensuciándose él las manos, matando a Valance y salvando la vida del abogado. Esto es lo mejor que podía pasarle a la gente del sur del Picketwire, porque la ley es la única defensa posible de los débiles frente a los poderosos, pero lo peor que podía pasarle a Doniphon: mientras Stoddart le quita a la mujer que ama y parte con ella hacia Washington en pos de su carrera política, Doniphon, incapaz de vivir con otra ley que la de la barbarie, lo pierde todo y se hunde en la oscuridad de la historia.
Algo parecido le ocurrió a Adolfo Suárez. En julio de 1976, cuando llegó a la presidencia del Gobierno, Suárez era el tipo más duro al sur de los Pirineos, el franquista que no se arrugaba nunca, y el que mejor conocía el franquismo. Por eso lo contrató el Rey: para matar a Liberty Valance; quiero decir: para matar el franquismo. Suárez cumplió. Pero no se conformó con ello; también engendró una democracia, una democracia donde creyó que todo le iría tan bien como en la dictadura, o mejor. Era una ingenuidad. Igual que Doniphon se equivocaba al pensar que, en la civilización que creó destruyendo a Valance, podría prosperar junto a la mujer que amaba, Suárez se equivocaba al creer que podría prosperar en la democracia que creó destruyendo el franquismo. Doniphon era el mejor en el mundo de Valance —igual que Suárez era el mejor en el mundo de Franco—, pero solo era uno más en el mundo de Stoddart —igual que Suárez era solo uno más en democracia—: el reino de Doniphon y el de Suárez no era el de este mundo, el de la civilización que crearon, sino el de la barbarie que destruyeron. Como Doniphon, Suárez traicionó un error para construir un acierto, traicionó un pasado esclavo para construir un futuro libre, traicionó a unos pocos para ser leal a todos. Al matar a Valance, Doniphon se estaba matando en el fondo a sí mismo; lo mismo le ocurrió a Suárez: en el fondo, la muerte del franquismo fue para él una forma de suicidio. La democracia norteamericana, viene a decir Ford, se funda en un crimen real: el asesinato de Valance a manos de Doniphon; la democracia española se funda en un crimen simbólico, podríamos decir nosotros: el asesinato del franquismo a manos de Suárez. Por eso Suárez no es solo un héroe de la traición; también es el héroe fundacional de nuestra democracia.
Muchos años después de la muerte de Valance, Stoddart regresa a Shinbone para asistir al funeral de Doniphon; regresa con su mujer, la que le arrebató a Doniphon, o quizá la que huyó de él. Todo ha cambiado al sur del Picketwire, donde la ley ha traído consigo libertad, bienestar y justicia; todo ha cambiado también para Stoddart, convertido ahora en un político relevante. En cuanto a su mujer, cabe sospechar que en algún momento descubrió, demasiado tarde ya, que se equivocó de hombre. Sea como sea, nadie en Shinbone recuerda ya quién fue Tom Doniphon: a su velatorio solo asiste Pompey, su fiel criado negro; el dueño de las pompas fúnebres ha aprovechado para robarle sus botas al muerto. A juzgar por los funerales de Adolfo Suárez, se diría que el viejo presidente ha tenido más suerte que el viejo cowboy; aunque, a juzgar por las obscenidades, mentiras y vilezas que hemos escuchado —unos y otros tirando de las botas del muerto para arrebatárselas—, quizá no sea así. Quizá hubiese sido mejor que muriera solo y a su velatorio no asistieran más que su familia y sus pocos amigos. Al fin y al cabo, ese es el destino común de los héroes.
Javier Cercas es escritor. En su libro Anatomía de un instante (Mondadori) reconstruye el in tento de golpe de Estado de 1981.
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