Odebrecht les pagó la cuenta

Por Pedro Silverio

Artículo 2.- Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos. Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión

El caso criminal llevado a cabo por la Sección de Fraude de New York en contra de Odebrecht, y que condujo a una declaración de culpabilidad por parte de la empresa brasileña, no es un caso cerrado en Estados Unidos. Los compromisos asumidos por dicha firma -bajo su declaración de culpabilidad- continuarán afectando su desempeño en el corto y mediano plazo. El Acuerdo establece la obligación de Odebrecht y la de sus oficiales, directores o relacionados de continuar cooperando con las autoridades norteamericanas, así como con cualquier otra autoridad de países en donde sea aplicable la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

A tal efecto, por recomendación de la Sección de Fraude, Odebrecht debe cooperar totalmente con cualquier autoridad local o extranjera en las investigaciones que se les hagan -tanto a ex directivos como a directivos actuales. Asimismo, mediante el citado Acuerdo, cede a la Sección de Fraude la discrecionalidad de entregar toda la documentación, información, testimonio o evidencia que haya sido recogida durante el proceso de investigación a los gobiernos extranjeros que se la soliciten -dentro de las leyes y regulaciones que apliquen. No debemos olvidar que la Ley de Sobornos en el Comercio y la Inversión es resultado del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos.

Quizás por ahí debió comenzar la cooperación de Odebrecht con las autoridades dominicanas: entregando copias -aun dentro de la confidencialidad- de los acuerdos con la Sección de Fraude de NY y con la justicia de Brasil. En cambio -y dadas las limitadas informaciones que públicamente se tienen-, Odebrecht recibió un trato premiado por anticipado, sin que al parecer se tenga la magnitud de la cooperación que los sobornadores estarán dispuestos a poner sobre la mesa. En otras latitudes, primero se presionó, se extrajeron las informaciones relevantes para continuar el proceso con otros implicados, y luego se negoció. Aquí se negoció primero; y, mientras tanto, con los dedos cruzados a esperar la cooperación altruista de Odebrecht.

Se ha alegado que en Estados Unidos el interés ha sido la reparación de los daños económicos y que no hay implicados en el fraude de corrupción que hayan sido encarcelados. Es una verdad que se queda a medio camino. Los hechos que se le imputan –y aceptados por Odebrecht- no incluyen el soborno a funcionarios norteamericanos. Básicamente, la acusación es de conspiración para el uso de medios –correos, instrumentos de comercio interestatal- en territorio de Estados Unidos para hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros. Si esos pagos corruptos hubiesen implicado el soborno a funcionarios norteamericanos otro hubiera sido el Acuerdo, y probablemente muchos estuvieran presos. En cambio, en nuestro país sí ha habido funcionarios sobornados y la investigación ha sido reactiva –dependiendo de lo que se descubra en el exterior- y selectiva, respetando cuidadosamente los linderos políticos, las jerarquías oficiales y las tendencias dentro de los partidos. Si la justicia dominicana no ha hecho su propia tarea para determinar las particularidades locales del esquema de corrupción de Odebrecht, ¿cómo determinará la frontera de los hechos de corrupción atribuibles exclusivamente a la jurisdicción dominicana? En general, no parece que haya interés en profundizar el caso “hasta las últimas consecuencias”; sobre todo, porque los mayores costos políticos recaerían sobre el partido gobernante. La alternativa –el encubrimiento- también tendría altísimos costos políticos. Una especie de Sophie’s Choice.

Ha sido bajo estas circunstancias –cargadas de nebulosas- que se ha llegado a un Acuerdo que le ha otorgado a Odebrecht el duplo equivocado, pues los USD 184 millones acordados es el duplo que deben pagar los sobornados, en caso de que los sobornos se limitaran a los USD 92 millones confesados por el sobornador. El duplo de Odebrecht debió comenzar por US 326 millones, equivalentes al doble de los beneficios adicionales –admitidos oficialmente- que los sobornos le generaron a la empresa brasileña. Y ahora... los sobornados –si llegaran a enfrentar la justicia- pudieran alegar que Odebrecht les pagó la cuenta. Mientras tanto, el sobornante escapa ileso con una penalidad que podrá pagar en ocho años -en contraste con los cinco años en NY-; asimismo, podrá seguir ejecutando obras en el país, y es elegible para ganar -eso sí, en buena lid, suponemos- otras licitaciones. Tendrá tiempo, también, para preparar sus confesiones dentro de unos límites políticamente correctos; lo que en la práctica podría convertirse en la segunda complicidad de Odebrecht con funcionarios dominicanos.

La gran lección del escándalo de Odebrecht es que la corrupción ha hecho metástasis en el cuerpo político dominicano; por lo que dicho acuerdo podrá permitir un espacio de tiempo que probablemente sea utilizado para darle quimio al paciente, sacrificar algunos órganos y proceder a la cirugía para salvar los órganos fundamentales. Esto significa que para ganar la partida política algunos peones tendrán que ser sacrificados; solo algunos...

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