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Cuatro mujeres que dicen que fueron víctimas de violaciones y un sinfín de vejaciones sexuales como prisioneras políticas tras el golpe militar presentaron una denuncia que busca destapar una olla de aberraciones poco conocidas como consecuencia de décadas de temor, vergüenza y un presunto pacto de silencio entre los militares.
Las querellas fueron iniciadas en mayo y esta semana las mujeres rindieron su testimonio ante el juez Mario Carroza. Las mujeres pudieron presentar su denuncia y rendir sus testimonios pese a que las violaciones ocurrieron décadas atrás porque Chile suscribió un acuerdo internacional de derechos humanos que impide que estos delitos prescriban al elevarlos a la categoría de crímenes de lesa humanidad. “Exigimos que el gobierno chileno, que las autoridades, el Estado, tiene que cambiar las leyes, tiene que aceptar que existen estas torturas (sexuales)”, dijo Nieves Ayress, una de las querellantes, que en 1974 fue detenida a sus 25 años por ser militante socialista, junto con su padre y su hermano. Fue liberada en 1976 y obligada a exiliarse.
Las mujeres también buscan que se reforme el Código Penal chileno, que data de 1874, y que no contempla como delito la tortura ni la violencia sexual de carácter político. Bajo esa legislación, las torturas y otras violaciones a los derechos humanos se juzgaron como otros tipos penales que contemplan penas menores. Ayress declaró el lunes ante el juez Carroza. Tiene 66 años, es educadora y activista comunitaria y vive en Nueva York.
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