Mario Rivadulla
La planteó el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia al pronunciar el discurso de orden el pasado siete de enero
con motivo de la apertura del año judicial, ocasión en que también, tratando de
zanjar diferencias, extendió el clásico
ramo de olivo al Procurador General de la República, acogido por este al igual que la propuesta del
magistrado Mariano Germán.
La idea no es otra que escuchar la
opinión y evaluar sugerencias de los distintos sectores relacionados con la
Justicia y de otros espacios de la Sociedad Civil, con la finalidad de adoptar
medidas que contribuyan a mejorar el
accionar de los jueces, en mayor sintonía con el sentir de la ciudadanía, tanto
como elevar la muy decaída imagen del Poder Judicial.
Esta no ha registrado precisamente buenos
números de aceptación pública en las diferentes encuestas en que su nombre
figura en la agenda de los temas consultados.
Por el contrario, aparece cosechando elevados niveles de crítica y
rechazo. La más reciente Gallup no hizo
más que reforzar esa percepción.
Apelando al lenguaje que emplean los
astrólogos, pudiera afirmarse que la idea de celebrar la cumbre luce “bien
aspectada”. Un jurista tan comprometido
con que en el país exista un Poder Judicial creíble y respetado, como lo es Servio
Tulio Castaños, por cuya boca habla la prestigiosa Fundación Institucionalidad
y Justicia, revela que ya se está trabajando en los temas que se llevarían a
ese amplio foro.
Por su lado, el ex presidente de la
Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, bajo cuya gestión tuvo lugar la
llamada “primera ola de reforma del Poder Judicial” que tan promisorios cambios
y expectativas originó, acoge también la idea, aunque con dos advertidores
señalamientos.
Uno de ellos es recomendar al alto
tribunal que mantenga en todo momento el control de la cumbre, evitando la
interferencia de los partidos políticos y cualquier intento de penetrar la
Justicia. El otro, recordar que el
propio Poder Judicial dispone de mecanismos internos para corregir sus fallas.
El tema es de suma importancia. Un país donde la Justicia hace tan profunda crisis de credibilidad y queda a
la deriva, marcha rumbo a convertirse en un estado fallido. Y el primer requerimiento de la Judicatura
para evitar que esto ocurra, es poder llegar a exhibir una sólida imagen de ser
impermeable a la corrupción, el chantaje del privilegio y el temor de aplicar
la ley sin distingos ni favoritismo.
Lograr esto está en manos de los propios
actores que integran el Poder Judicial, tanto jueces como fiscales. Pero es una tarea que compromete también el
apoyo de toda la sociedad aún sea solo por el propio interés que conlleva para
garantizar el orden jurídico, penalizar el delito y contribuir a la seguridad
ciudadana.
Por lo pronto, sin incurrir en desatinados
reclamos de exagerados aumentos de recursos por parte del Estado que por obvias
limitaciones de un presupuesto deficitario resultan de imposible cumplimiento,
salta a la vista que la Justicia Dominicana, verdadera Cenicienta a la hora de
diseñar y aprobar la Ley de Ingresos y Gastos Públicos requiere de una cantidad
razonable de mayores medios que le permitan funcionar con un poco menos de
ahogo y mayor eficiencia.
Hacemos cálidos votos porque la Cumbre se
celebre y arroje los resultados apetecidos.
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