Santiago de Chile. En los últimos días los chilenos se han reencontrado con las imágenes de la brutalidad que colmaba sus vidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) al trasluz de acontecimientos que les muestran que las heridas abiertas entonces todavía sangran.
La muerte de Manuel Contreras, el principal represor de la dictadura, el suicidio de otro general condenado, las revelaciones de un exrecluta que han permitido desvelar la verdad del caso de dos jóvenes quemados vivos por militares, la libertad condicional al agente que degolló a tres profesionales, entre otros hechos, han roto la cotidianeidad de un país que no logra olvidar.
Para algunos historiadores, la memoria porfiada no debería causar extrañeza en Chile, que aún conserva resquemores entre los simpatizantes de Bernardo O’Higgins y de José Miguel Carrera, los principales próceres de la Independencia, hace dos siglos, o entre los contendientes de las guerras civiles que llagaron el país durante el siglo XIX. Los acontecimientos de los últimos días han renovado el clamor de las víctimas por verdad y justicia, recibida con cuentagotas desde que Patricio Aylwin, primer presidente de Chile tras la recuperación de la democracia, sentenció que la habría “en la medida de lo posible”.
La Justicia ha avanzado en Chile a regañadientes, con cómodas cárceles especiales para los violadores de los derechos humanos, que no han sido degradados ni expulsados de las filas. Aunque estaba condenado a más de 500 años de prisión, Contreras murió como general en el Hospital Militar, sin haber jamás hecho un mea culpa e incluso negando la existencia de los crímenes.
La degradación de los condenados, el cierre de las cárceles especiales y el fin de los pactos de silencio, para que se conozca el destino de unos 1.192 chilenos que figuran aún como detenidos desaparecidos son algunas demandas de los familiares de las víctimas.
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