¿Algun día RD se enfrentará de forma seria a esto?
En vivo y en directo, por radio y televisión, se transmitió en Chile la mañana del sábado la resolución del juez del caso Penta, el mayor escándalo de corrupción del país.
No era para menos, se trata de un conglomerado financiero con activos por US$20.000 millones en un caso con una nada desdeñable arista política, la financiación irregular de campañas electorales, la mayoría, de la derecha chilena.
En medios y redes sociales se había instalado un intenso debate sobre la capacidad de la justicia chilena frente al poder y la necesidad de distinguir entre los argumentos de derecho y las expectativas de la opinión pública.
Y llegada la hora, lo que escucharon y vieron los chilenos fue la prisión preventiva por delitos fiscales y sobornos para seis de los diez imputados.
Ingresan en prisión provisional acusados de delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos.
Un capítulo más de lo que parece una novela policial por entregas en la que empresarios y servidores públicos se han visto arrastrados por las denuncias de un moribundo colaborador de rango menor que decidió hablar poco antes de morir.
"Peligro para la sociedad"
Iniciada la sesión, el juez estuvo 40 minutos fundamentando su esperada decisión.
La expectación era máxima en un país con alta desigualdad económica y una creciente desconfianza en las instituciones reflejada en distintos sondeos.
Eso, en medio del creciente descontento de la ciudadanía frente a la corrupción y las confusas líneas entre el dinero y la política.
El juez aceptó casi todo lo que pedía la fiscalía, salvo en el caso de dos de los imputados, a los que también envió a prisión sin que lo hubiera solicitado el Ministerio Público: "un peligro para la sociedad".
Según la acusación, en el grupo Penta se hacía una serie de maniobras –desde boletas falsas a nombre de cónyuges hasta complejas operaciones con contratos "forward" o de compras a futuro– con el fin de evadir impuestos.
En palabras del fiscal Carlos Gajardo, que lideró la primera parte de las indagatorias, Penta funcionaba "como una máquina para defraudar al fisco".
Ante la respuesta de que eran en realidad una "máquina para crear trabajo", el CDE contrarrestó: el narcotráfico también genera empleo.
"No entienden que la legalidad es para todos", argumentó ante el juez el CDE.
¿Más de lo esperado?
El origen del grupo Penta se vincula a los procesos de privatización de empresas públicas bajo el régimen de Augusto Pinochet.
Tras sucesivas inversiones y negocios, el conglomerado se constituyó como un importante actor en el ámbito financiero, bancario e inmobiliario, entre otros rubros.
Entre los enviados a prisión, están su dueños y controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Interrogados por los fiscales en la etapa previa a la formalización, ambos admitieron el financiamiento irregular de candidaturas políticas vinculadas, la mayoría, a la derecha chilena.
Los correos electrónicos de Délano y Lavín confirmaron los nombres de los involucrados. Entre ellos se cuentan dos senadores en ejercicio de la UDI, el partido fundado por estrechos colaboradores del período pinochetista.
También va a prisión provisional Pablo Wagner, quien fuera secretario de Minería durante la gestión del expresidente Sebastián Piñera.
Se lo acusa de recibir dineros del grupo económico mientras trabajaba en el gobierno como soborno. Su defensa asegura que los recibía que se trata de montos que le debía el grupo, donde trabajó previamente.
Recayó igualmente la medida de prisión sobre el exfiscalizador del Servicio de Impuestos Internos Iván Álvarez, pero ya estaba preso.
Y el mismo destino corren Hugo Bravo y Marcos Castro, pese a que la fiscalía no había pedido su ingreso en prisión por considerar que habían colaborado en la investigación.
En concreto, Bravo, no sólo reveló distintos antecedentes del caso, sino que además grabó las conversaciones con sus exjefes.
La "excepción" fue para Manuel Antonio Tocornal, actual gerente de Penta, quien no irá a prisión pero que da bajo arresto domiciliario y con prohibición de abandonar el país.
El portavoz del gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que la decisión del juez confirma "la necesidad de crear una institucionalidad más eficaz y un marco regulatorio más estricto".
La decisión de este sábado representa una estocada para los grupos instalados en el poder económico y financiero chileno a partir de la década de los 80, bajo el régimen militar y hasta ahora.
Para muchos, el juez fue más allá de lo esperado en un país latinoamericano donde los sectores de mayores ingresos se agrupan en estrechas redes familiares y de negocios.
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