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jueves, 26 de febrero de 2015

Cifuentes ordena la expulsión de 34 cabecillas de bandas latinas


La Delegación del Gobierno anula sus permisos de residencia y les retira la nacionalidad

No podrán regresar a España en al menos cinco años

 Madrid 26 FEB 2015 - 
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    Un supuesto integrante de los DDP entra a la Audiencia Provincial en 2011. / Sevilla
    Un total de 34 cabecillas y líderes de las principales bandas latinas asentadas en la región están pendientes de ser expulsados de España, según anunció ayer la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Esta medida, que fue adelantada ayer por EL PAÍS, supone una novedad en la lucha contra esos grupos violentos, que hasta la fecha se limitaba a penas de cárcel o sanciones administrativas. Dos de estas deportaciones serán inmediatas, pues la Delegación del Gobierno ha concluido todos los trámites administrativos y judiciales precisos. En ambos casos pesa sobre los expulsados la prohibición de regresar a España por un periodo de cinco y 10 años, respectivamente.
    A los pandilleros se les revocará la nacionalidad española, se anularán sus permisos de residencia y se les expulsará del país.
    Estas medidas se basan en una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en verano del año pasado, que recogía los parámetros que debían cumplir los integrantes de las bandas latinas para ser expulsados. Entre ellos figura pertenecer a grupos violentos que ya han sido considerados como organizaciones criminales por el Tribunal Supremo. La delegada del Gobierno puso ayer como ejemplo a los Latin King.

    Procedimiento legal

    La revocación de la nacionalidad de los cabecillas de las bandas latinas es la base para expulsarlos de España. Esta se inicia con la llamada declaración de lesividad. Una vez que es concedida la nacionalidad, es la propia Administración (en este caso, la Delegación del Gobierno) la que dice que un acto es dañino para los intereses públicos. Si un inmigrante ya nacionalizado se dedica a delinquir, perturba el orden público. Esa declaración de lesividad es el acto previo para pedir a la justicia la anulación definitiva de la nacionalidad.
    La declaración de lesividad está recogida en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Es el paso previo para impugnar la nacionalidad en la jurisdicción contencioso administrativa y revocarla.
    En caso de que los jefes de las bandas hayan incurrido en infracciones graves o muy graves de la Ley de Seguridad Ciudadana o hayan sido condenados a penas de cárcel por tiempo superior a un año, se les aplica el artículo 57 de la Ley de Extranjería.
    De los 34 individuos pendientes de expulsión, 12 pertenecen a los Ñetas, ocho a los Trinitarios, siete a los Dominican Don’t Play (DDP) y cinco a los Latin King. Los dos restantes son integrantes de Las Maras. “Este grupo no está organizado en Madrid”, relató el inspector jefe Ricardo Gabaldón, responsable de la lucha contra las bandas latinas. “Tan solo hemos detectado la presencia de estos dos responsables y hemos iniciado los procedimientos de expulsión”.
    La delegada explicó que en 14 casos se aplicará la expulsión por estancia irregular. Otros seis expedientes se tramitan por condenas a penas de más de un año de prisión. En cuatro casos se denegará la renovación de los permisos de residencia.
    Esta primera lista está siendo ampliada con otros 94 miembros de bandas latinas, a los que la policía y los servicios de Extranjería están investigando para aplicarles medidas similares, lo que elevaría la cifra a 128 personas.
    El proceso de expulsión puede durar unos seis meses, ya que, según recordó Cifuentes, la Ley de Extranjería es “extremadamente garantista”. “A cada paso que dé la Administración, la persona puede recurrir, y una vez que se haya concluido el expediente puede acudir incluso a los tribunales. Esto lo dilata bastante”, recalcó. Además, no a todos los afectados se les aplica el mismo procedimiento: depende de si hay una sentencia judicial condenatoria o no. En caso de que exista, el proceso es más rápido. La delegada anunció que se impondrá un mayor control de fronteras en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que las personas que sean deportadas puedan entrar de nuevo en España. “Lo que debe quedar claro a todos estos grupos es que se va a actuar con toda la contundencia y que se les va a expulsar de España si pertenecen a estas bandas violentas”, recalcó Cifuentes.
    Ricardo Gabaldón cifró en unos 350 los integrantes de las bandas latinas. Las más importantes suelen tener entre 60 y 70 miembros. “Mantienen una gran rivalidad entre ellas, de forma que si el número de miembros de una baja, otra suele ocupar su territorio, con los consiguientes enfrentamientos”, explicó el inspector jefe.
    Desde enero de 2012 se han realizado 1.048 detenciones de miembros de bandas latinas; muchas de ellas son por reincidencia. Solo en este mes de febrero han sido arrestados 16 trinitarios. Seis agredieron en Puente de Vallecas a integrantes de los Ñetas el pasado día 7. Otros diez agredieron el día 21 a dos vigilantes de seguridad en la estación de Atocha tras montar una trifulca en un tren procedente de Leganés. Allí habían acudido a la plaza de toros de La Cubierta, lugar de reunión de estas bandas, según Gabaldón.

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